No logra respaldo la consulta que el gobierno planteó a los diputados

La consulta popular basada en las siete preguntas que el Ejecutivo envió al Congreso, el jueves anterior, parece no tener futuro.

Un pacto político impediría que el Parlamento trate el pedido, con un doble efecto: que la propuesta del gobierno no fracase; y que se superen discrepancias con el vicepresidente Alejandro Serrano, quien desarrollaba para el gobierno el proceso de “concertación” del que debían salir, finalmente, tales preguntas.

Así, en el Parlamento se hablaba ayer de viabilizar únicamente el trámite de los vetos parciales a la Ley del Deporte y a la Ley de Seguridad Social, que constan en la agenda del periodo extra de sesiones convocado para hoy a las 10h00. La mayoría coincidió en que no se debe clausurar la sesión extra sin tratar los temas propuestos por el régimen.

Ayer se produjo un primer acercamiento de los presidentes de la República y del Congreso, en Guayaquil, donde prácticamente, según el diputado socialista Segundo Serrano, acordaron no abordar la consulta, hasta que no haya un consenso.

En menos de una semana, los políticos analizaron tres escenarios frente al referéndum: primero, negar la urgencia sugerida por el mandatario Alfredo Palacio; segundo, aprobar una resolución para devolver las preguntas exhortando al Ejecutivo para que reformule la consulta, pero esa salida política sería conflictiva para los dos sectores; y, la tercera, evacuar los vetos parciales y posponer sin plazos el trámite de la urgencia.

Esa última opción, que sería el entendimiento preliminar, fue respaldada por la Izquierda Democrática. Hugo Ruiz (ID) comentó que el Ejecutivo no debió enviar la consulta y lo que ahora cabe es deponer actitudes y esperar que se elabore un texto consensuado con el Vicepresidente y el Consejo Nacional de Modernización (Conam), de lo contrario en qué quedará el trabajo del segundo mandatario Alejandro Serrano.

Precisó que su organización política respalda el hecho de que se deje de lado la consulta de Palacio y luego, sentarse a dialogar para elaborar una consulta consensuada.

Ramiro Rivera, de la DP, comentó que lo más saludable para el país es que el Congreso evacúe los temas relativos a los vetos y posponga el tratamiento de la reforma, de la calificación de urgencia de la consulta, para bajar las tensiones y dar una salida al Ejecutivo, para que en el ámbito de lo que hace el Conam y el Vicepresidente de la República, se abra un amplio diálogo para concretar una propuesta conveniente para el sistema político ecuatoriano.

Manifestó que para ello no se necesita que el Ejecutivo retire las preguntas de la consulta ni que el Congreso las devuelva, simplemente no se tratan hasta que venga una nueva propuesta; es decir, sería un “archivo tácito y no expreso”.

El diputado Julio González (PK) dijo que también están de acuerdo con el archivo de la consulta, pues su agrupación considera que el Gobierno omitió temas trascendentes, como preguntas sobre el Tratado de Libre Comercio, Base de Manta y Plan Colombia.

En Guayaquil el diputado socialcristiano Alfonso Harb dijo que en una reunión en el domicilio del legislador León Febres-Cordero, junto a Cynthia Viteri y Pascual del Cioppo, acordaron que el PSC planteará al Congreso la devolución de la propuesta de consulta popular al Ejecutivo.

Aclaró que el partido está de acuerdo con una consulta popular, pero no con el texto que envió el Presidente, el que dijo es apresurado, no consensuado e incluso irrespeta la propia iniciativa del Gobierno, que encargó al Vicepresidente recolectar sugerencias ciudadanas para la reforma política.

Aunque Harb insistió en que Palacio se apresuró al solicitar un periodo extra cuando ya el Parlamento había anunciado uno, consideró que no debe clausurarse, porque sería irrespetar a la población.

Roberto Rodríguez (PRE) dijo que el tema de la consulta debe tratarse y en debate se decidirá su conveniencia o no.

El prianista Keneth Carrera también señaló que debe devolverse la consulta al Presidente. Calificó como una trampa del Presidente el convocar a un periodo extra cuando el Congreso ya lo preveía.