Los juicios se encuentran en la primera etapa, la del sumario, pese a que han pasado más de dos años.

Seis muertos, 31 heridos y 10 casas destruidas por las explosiones del material bélico en la base naval Sur de Guayaquil y las granadas en el barrio de La Concordia de la isla Puná, aún no tienen responsables.

Dos años después de las tragedias, ocurridas el 23 y 27 de marzo del 2003, la justicia militar todavía no logra encontrar a los culpables.

Los juicios 08-2003 y 09-2003 permanecen en la primera etapa, denominada sumario según el antiguo Código de Procedimiento Penal, con el que aún se juzga a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Publicidad

La comandante Elizabeth Zea Alvarado, jueza penal militar de la Primera Zona Naval, señala que el proceso por la explosión de la base naval Sur se inició en contra de autores, cómplices y encubridores, pues no se logró identificar a los causantes.

La funcionaria explica que el sumario estuvo cerrado, listo para pasar a la otra etapa, pero debió reabrirlo a pedido del nuevo fiscal de zona, comandante Jorge Marfetán, quien solicitó el cumplimiento de varias diligencias.

Así, mediante oficio, se pidió a varios repartos que proporcionaran más información, que servirá de sustento para el dictamen definitivo.

Publicidad

Según Zea, el juicio 08-2003, que corresponde a la base naval Sur, permaneció durante ocho meses en la Segunda Zona Militar, desde septiembre del 2004.

La razón: la inhibición del comandante de la Primera Zona Naval, almirante Héctor Coba, quien actuó como presidente de la Comisión de Transparencia que investigó el accidente.

Publicidad

“Una vez relevado del cargo el comandante Coba, la causa regresó de la Segunda Zona en el mes de mayo de este año, sin ningún pronunciamiento”, explica la jueza.

El juicio también pasó por las manos del fiscal Mario Velasteguí, quien durante su investigación determinó que no existían culpables.

La explosión de la base naval Sur se produjo el domingo 23 de marzo, a las 02h00, cuando estalló una bodega donde se guardaba armamento de la Armada.

Afectó a familias de tres cooperativas ubicadas al sur de la ciudad: Carlos Guevara Moreno 2, 9 de Julio y Paco Oñate. Se registró una persona fallecida, 29 heridos y 10 casas destruidas.

Publicidad

Un sindicado
El teniente José Troya, comandante de la patrulla Entrenamiento Ribereño de la isla Puná, es el único sindicado, según el juicio 09-2003, por la explosión de las granadas en el barrio La Concordia de esa isla, que dejó cinco personas muertas y dos gravemente heridas.

El incidente se suscitó el 27 de marzo del mismo año, cuatro días después de que explotó el polvorín en el sur de Guayaquil.

Por este hecho se abrió un proceso penal, que en la actualidad está en manos del fiscal Marfetán.

El juicio también estuvo dos meses fuera de la Primera Zona Naval, lapso en el cual lo tenía la Segunda Zona Aérea, por la misma razón que el 08-2003, es decir la inhibición del almirante Héctor Coba.

En esta causa, a decir de la comandante Elizabeth Zea, tampoco hubo resolución.
Es por ello que en ambos se espera la práctica de las diligencias para luego proceder al cierre definitivo de la etapa sumarial.

El dictamen del fiscal determinará si existen o no sindicados y, de haberlos, si se produce el sobreseimiento (exculpación) o el llamamiento a plenario (juicio).

La resolución, cualquiera que sea, pasará a la Corte de Justicia Militar, con sede en Quito.

Los magistrados militares deben confirmar o revocar el fallo que se dicte.

MEDIDAS

EXPULSIONES

Cuatro oficiales de mando medio de la Armada fueron removidos temporalmente
de sus cargos, para transparentar la investigación de la explosión de un polvorín de la base naval Sur de Guayaquil y de una granada en la isla Puná.

MANIOBRAS
Los 35 infantes de Marina presentes en las maniobras ribereñas de la isla Puná estuvieron a órdenes del teniente de navío, José Luis Troya.

INDEMNIZACIÓN
Los afectados por las explosiones de la base naval Sur y la isla Puná fueron indemnizados por la Armada. Se donaron casas, electrodomésticos, medicinas
y vestimentas.

REUBICACIÓN
Con 59 votos el Congreso Nacional aprobó la reubicación de los polvorines y las fábricas de explosivos fuera del perímetro urbano.