El comité calificador que seleccionará a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló ayer, a través de su presidente Carlos Estarellas Merino, que la opción de la pregunta que planteó el mandatario Alfredo Palacio respecto a la elección de los magistrados no es lo que se le pidió.

En el texto de la consulta popular, Palacio propone ser él quien  -por esta única vez- integre una lista de 100 candidatos para designar a los magistrados de la CSJ, en caso de que el actual proceso de selección no sea ratificado por la ciudadanía.

Consultado sobre si esta opción da al jefe de Estado la potestad de designar la Corte, porque se elegirá de entre sus candidatos, Estarellas respondió: “usted tiene razón, pero esa no ha sido la propuesta que nosotros planteamos”.

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El presidente del Comité recordó que a pedido de las facultades de derecho del país solicitaron incluir en la consulta popular una pregunta para que la población ratifique el proceso y así dar seguridad jurídica a los participantes, pero no elaboraron la pregunta. En ese marco se mostró confiado en que la población dará su aprobación.

Agregó además que la ley determina que si no se presenta un número de candidatos suficientes para la elección la ley determina que se integrará la Corte con los 31 mejor calificados. Estarellas evitó así ahondar en la propuesta de Palacio porque dijo se trata de “un supuesto político” y “lo mejor para alejarse de la política en el caso de los comisionados es inhibirse de opiniones políticas”.

El constitucionalista Julio César Trujillo y la representante de la Corporación Participación Ciudadana, Juanita Berzosa, comentaron que para evitar especulaciones sobre una posible injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial, el Mandatario debe aclarar la propuesta de poner él candidatos.

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Consideraron que el planteamiento del Ejecutivo (incluido en su proyecto de reforma política), es interesante  en la medida en que toma en cuenta al pueblo como la última instancia para dar solución al problema que se ha extendido por siete meses y que es la falta de una Corte Suprema de Justicia despartidizada y despolitizada.

Pero, ambos creen que el planteamiento del régimen tiene que ser explicado detalladamente porque de lo contrario, “se podría generar dudas e interpretarse como que el Ejecutivo tiene interés por designar a magistrados afines a él”, dice Trujillo.