Asimismo el intercambiador de tráfico de La Puntilla, en la vía a Samborondón, está paralizado desde hace casi dos años por cuanto no concluyen aún el estudio de los daños que sufrió. Tampoco en este caso conocemos las causas ni los responsables.

Cuando una institución estatal falla y una obra pública se destruye o se deteriora, no debería bastar con corregir el error a costa del bolsillo de los contribuyentes.
Los funcionarios de gobierno (nacionales o locales), al asumir su tarea, se comprometen por mandato legal a rendir cuentas de sus actos. De ese modo –en teoría–  se evita que la ineficiencia y la irresponsabilidad se instalen en el manejo de los asuntos públicos. Pero si esa obligación se la abandona, entonces ocurre lo que estamos viendo: que se caen los puentes, se dificulta el tránsito y se abulta el gasto público, sin que nadie pague las consecuencias.

No permitamos que ese mal ejemplo se repita. Que en los próximos días las autoridades asuman su deber de informarnos qué ocurrió con estos dos eventos que solo por feliz casualidad no resultaron fatales.