Constitucionalistas recomiendan difundir cómo quedaría la Carta Magna, con la reforma planteada.

El 20 de abril pasado el presidente Alfredo Palacio prometió refundar la República y para ello consideró necesario reformar la Constitución. El jueves pasado dio el primer paso enviando al Parlamento el texto de una consulta popular para que se califique su urgencia.

Esto provocó cuestionamientos políticos con el argumento de que no se ha concluido el proceso de Concertación Nacional en el que el Gobierno solicitó propuestas de reforma a la ciudadanía. Sin embargo, constitucionalistas y analistas consultados por este Diario afirman que las preguntas planteadas por Palacio para la consulta son las prioritarias para las reformas, aunque hicieron cuestionamientos a temas como la bicameralidad.

Según el ex presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional de 1997, Orlando  Alcívar Santos,  las preguntas incluyen las inquietudes más urgentes y si son aprobadas en el referéndum se incorporarán a la Constitución sin necesidad de que intervenga el Congreso.

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No obstante, advierte que es importante que la ciudadanía conozca cómo quedará el  texto reformatorio. Si el Legislativo no califica las preguntas de urgente, el Presidente haría la consulta pero no implicaría una reforma constitucional, dice; “ahí el Congreso tiene que redactar el texto”.

El constitucionalista Gil Barragán Romero también señala que las preguntas son importantes, aunque no descarta que en el proceso de Concertación haya propuestas ciudadanas muy válidas.

Explica que posiblemente, el mandatario debió prever la dificultad que se presentaba con el sistema de recopilación de datos  y quiso anticiparse en escoger las preguntas que consideró fundamentales.

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Barragán se muestra contrario a la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente, porque tendría mayor poder que el Ejecutivo y Legislativo.

Ese criterio es compartido por el analista Luis Antonio Arzube, aunque hace una observación con el tema de la elección por distritos; “en realidad es una buena aspiración pero necesita estudios adicionales para que la población tenga en claro cómo sería ese sistema”, comenta.

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Se declara contrario a la propuesta de la bicameralidad, argumentando que con un solo Parlamento más rápido en tomar  decisiones se evitan las trabas burocráticas de un Senado, cuando se quiere aprobar un proyecto de ley.

El catedrático Iván  Castro Patiño sí es crítico de las preguntas de Palacio. Discrepa con planteamientos como el sistema de elección distrital porque impedirá que se haga efectiva la representación de las minorías, dice.

Tampoco concuerda con la bicameralidad, pues a su juicio, acentuaría la inequidad en la distribución de puestos en el Senado, “debido a que la Sierra y Oriente juntas tienen la misma votación de la Costa, pero por el número de provincias tendrían más senadores”.

Pero, más allá de las opiniones jurídicas, la decisión de aprobar esta consulta ahora está en el Congreso.

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