Ejecutivo establece funciones de las dos cámaras

La propuesta de reforma política del gobierno de Alfredo Palacio, enviada el jueves pasado al Congreso, plantea funciones claras para las dos cámaras que integrarían la Función Legislativa. Ahí se definen cambios en el establecimiento de juicios políticos a altos funcionarios, votación según los casos e incluso un método para limitar el endeudamiento público.

La Cámara de Senadores tendría que aprobar o improbar los tratados internacionales, en un solo debate y con el voto conforme de la mayoría de sus miembros.

También tendría que fijar el límite de endeudamiento público; autorizar, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República y conceder licencia temporal al Primer Mandatario en caso de requerimiento.

La Cámara de Diputados en cambio será la encargada de proponer proyectos para la expedición, reforma y derogatoria de leyes e interpretaciones legales, debiendo luego enviar el proyecto aprobado a la Cámara del Senado para su confirmación o enmienda.

El Ejecutivo propone además, que el Vicepresidente de la República, mientras no ejerza la presidencia de la República, sea el presidente nato del Senado, pero que únicamente tenga voto dirimente.

Además, tramitará los juicios políticos al primer y segundo mandatarios, los ministros de Estado, contralor, procurador, fiscal general y defensor del Pueblo. Para ello requerirán de la solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso.

Para el enjuiciamiento político del Presidente y Vicepresidente de la República ya no será necesario que antes se haya iniciado un proceso penal, señala la reforma a la ley que será consulta al país si el Parlamento califica la urgencia de la consulta popular que el Mandatario empezó a promover el jueves pasado.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente podrán ser sometidos a juicio político por la comisión de delitos contra la seguridad nacional, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

En el caso de los otros funcionarios, el proyecto del Gobierno propone que estos sean enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales y legales cometidas en el desempeño del cargo.
Podrán ser censurados y destituidos con la anuencia de la Cámara de los Senadores expresada en los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.