Un adecuado proceso de elaboración de la pro forma presupuestaria para el 2006, debe resolver la ecuación que plantea: lograr un sistema de defensa efectivo y de mayor esfuerzo sobre la frontera norte, frente a una política económica que busca reactivar la economía y una política social que da prioridad a la salud y educación como eje central de la agenda gubernamental.

Con estos antecedentes, a más de las directrices para la elaboración del presupuesto de defensa, lo más probable es que se siga manteniendo la asignación aproximada de 593 millones de dólares desde el año 2004, que equivale al 8% del presupuesto general del Estado y que de una manera insólita incluyen aportes de autogestión de las Fuerzas Armadas, el 14% de su presupuesto. La defensa es servicio y responsabilidad del Estado; un bien público de uso colectivo que no debe acudir a ningún tipo de autofinanciamiento para no distraerlas de su actividad estrictamente profesional.

El dilema se presenta entonces en ajustarse a un presupuesto nacional que no obstante ser coherente y comprensible con la realidad nacional, debe al mismo tiempo garantizar el desempeño operativo para que las Fuerzas Armadas puedan alcanzar los objetivos de la política de la defensa, de mantener la soberanía, el control efectivo del espacio territorial, proteger a la población y más aún fortalecer el poder militar de las Fuerzas Armadas según consta en las Políticas del Sector Defensa y en el Libro Blanco.

Obviamente frente a esta problemática habrá que dejar de lado la fantasía de exigir una indemnización por los esfuerzos que demanda la seguridad fronteriza; más aún cuando nuestra soberanía exige independencia y no intervención en el conflicto colombiano, como fue planteado y mantenido desde el año 2000 en la política externa del país.

No es difícil, por lo tanto, deducir la afectación que sufre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, especialmente en el largo plazo.

El presupuesto de defensa dedica más del 85% a gastos de personal; es decir, a sueldos y al pago de servicios, quedando menos del 15% para logística y mantenimiento de vehículos, naves, aeronaves, equipos, sujetos a mayor y más continuado esfuerzo, sin opción de renovación en vista de no existir capacidad de sostenimiento de los planes estratégicos de las Fuerzas.

Sería un absurdo pensar que el monto elevado del presupuesto en gastos de personal sugiera sueldos elevados; al contrario, estos son los más bajos de la administración pública, como es de dominio público. Lo que ocurre es más bien una consecuencia de haber eliminado las regalías del petróleo que eran las que asumían los gastos operacionales, sin considerar el costo del sostenimiento del equipamiento bélico.

La consecuencia inmediata, además de la baja en la capacidad operativa, que de por sí ya es un grave problema, es la reducción del bienestar de personal, que recae en la moral, desestímulo a la vocación y ejercicio profesional; mientras el material y equipo sigue una curva de deterioro progresiva, sin dar opción siquiera a una repotenciación, con lo cual se conduce a una dependencia y privatización de la seguridad a través de colaboraciones pedidas para cumplir con su responsabilidad profesional.

La única opción viable es retomar el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, a partir de la renovación del cuerpo legal que dé oportunidad a una “contracción”, reajuste operacional y optimización del gasto, sin recurrir a la manida y engañosa propuesta de reducción de las Fuerzas Armadas, y así preservar la calidad profesional antes de que sea tarde.