La crisis en el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se profundizó con la publicación de documentos que pueden confirmar la existencia de un sistema de corrupción de parlamentarios.
Una comisión parlamentaria de investigación (CPI) confeccionó una lista de 46 personas, entre ellas numerosos políticos y miembros de su entorno, que retiraron entre el 2003 y el 2005 el equivalente a 12,5 millones de dólares (al cambio actual) de las cuentas del publicista Marcos Valerio, acusado de ser el operador de un sistema de financiación paralela creado por el PT.
Esas informaciones provienen de documentos recibidos por la CPI, tras el levantamiento del secreto bancario del publicista.
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Los incluidos en la lista están ligados a dirigentes de partidos de derecha aliados del gobierno de Lula, el Partido Liberal (PL) y el Partido Progresista (PP), también (lo que representa un elemento nuevo) a personajes del PT como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, y el jefe del grupo parlamentario, Paulo Rocha.
Rocha presentó ayer su renuncia al cargo, convirtiéndose en la primera víctima de las nuevas revelaciones y reconoció que su jefa de Gabinete había retirado dinero en el 2003, alegando que fue para pagar deudas del PT.
Los documentos revisados por la CPI representan el 20% del total llegado de una sola entidad, el Banco Rural.
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“Es la punta de un iceberg capaz de hundir cualquier Titanic”, comentó ayer el diario O Estado de Sao Paulo.
Los extractos de cuentas tienden a confirmar las acusaciones que lanzó el 6 de junio pasado el diputado Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB, aliado del Gobierno), quien acusó al PT de haber instalado un sistema de pagos mensuales a diputados aliados para asegurarse sus votos y una mayoría estable en el Parlamento.
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Esas acusaciones originaron la crisis que ya provocó la dimisión del superministro ex jefe de Gabinete, José Dirceu, el 16 de junio pasado.