La crisis en el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se profundizó con la publicación  de documentos que pueden confirmar la existencia de un sistema de corrupción de  parlamentarios.

Una comisión parlamentaria de investigación (CPI) confeccionó una lista de  46 personas, entre ellas numerosos políticos y miembros de su entorno, que  retiraron entre el 2003 y el 2005 el equivalente a 12,5 millones de dólares (al cambio  actual) de las cuentas del publicista Marcos Valerio, acusado de ser el  operador de un sistema de financiación paralela creado por el PT.

Esas informaciones provienen de documentos recibidos por la CPI, tras el  levantamiento del secreto bancario del publicista.

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Los incluidos en la lista están ligados a dirigentes de partidos  de derecha aliados del gobierno de Lula, el Partido Liberal (PL) y el Partido  Progresista (PP), también (lo que representa un elemento nuevo) a  personajes del PT como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao  Paulo Cunha, y el jefe del grupo parlamentario, Paulo Rocha.

Rocha presentó ayer su renuncia al cargo, convirtiéndose en la  primera víctima de las nuevas revelaciones y reconoció que su jefa de Gabinete había retirado dinero en el 2003, alegando que fue para pagar deudas del  PT.

Los documentos revisados por la CPI representan el 20% del total  llegado de una sola entidad, el Banco Rural.

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“Es la punta de un iceberg capaz de hundir cualquier Titanic”, comentó ayer el diario O Estado de Sao Paulo.

Los extractos de cuentas tienden a confirmar las acusaciones que lanzó el 6  de junio pasado el diputado Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista  Brasileño (PTB, aliado del Gobierno), quien acusó al PT de haber instalado un  sistema de pagos mensuales a diputados aliados para asegurarse sus votos y una  mayoría estable en el Parlamento.

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Esas acusaciones originaron la crisis que ya provocó la dimisión del  superministro ex jefe de Gabinete, José Dirceu, el 16 de junio pasado.