La Intendencia General de Policía decidió archivar la investigación sobre los cobros que efectuó la operadora de telefonía móvil Porta a sus clientes prepago, con el sistema de facturación “bill at send” (pago desde que se presiona la tecla ‘send’).

En una providencia que emitió el intendente de Policía, Roberto Ricaurte, el pasado 18 de julio, se indica que el acuerdo al que llegaron  Jorge Zavala Egas, procurador de la Corporación de Defensa del Consumidor y Medio Ambiente, y los representantes de la operadora fue legal. Por tanto, advierte, no hay razón para iniciar una acción que interrumpa su ejecución.

Se aclara, sin embargo, que los usuarios insatisfechos con la compensación de minutos anunciada por la operadora en las tarjetas de 20 y 30 dólares, tendrán derecho a presentar acciones legales ante los organismos competentes.
 
Patricia Castro, abogada adjunta de la Defensoría del Pueblo, insistió -entre tanto- que “el abogado Zavala nunca especificó a cuántos consumidores representó, es necesario que se cuantifiquen los daños de todos los clientes”.

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Una opción, dijo,  es que la operadora  indemnice a  cada abonado.

Entre tanto, los representantes  legales de Porta expresaron en un expediente dirigido a  la Defensoría que la entidad no tiene atribución para cuantificar daños y perjuicios de los usuarios, ya que dicho cálculo solo surge de una sentencia condenatoria.

La Defensoría, según Castro, recibe diariamente denuncias  de usuarios inconformes con el servicio de la compañía.