Cerca de 12.000 aletas de tiburón frescas y congeladas, incautadas el pasado 17 de junio en el puerto de Guayaquil, fueron incineradas ayer en  hornos de la Cemento Nacional.

La diligencia, ordenada por el fiscal Antonio Gagliardo, se basa en el Acuerdo Presidencial Nº 2130, que prohíbe la comercialización y exportación de las aletas de tiburón en territorio nacional.

La norma también dispone que en caso de su captura deben ser incineradas sin más fórmula de juicio, bajo  responsabilidad de la Dirección Nacional de Pesca.

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Las aletas de tipo caudal (de la cola), distribuidas en 240 sacos, fueron decomisadas en un contenedor que se pretendió exportar hasta la China en calidad de desechos de pescado.

Por este ilícito la Fiscalía inició una instrucción, donde están involucrados el inspector de Pesca, Óscar Pozo, el exportador Jorge Enrique Toapanta Gonzabay y el afianzado de Aduana, Ángel León Castro.

Todos están imputados por el presunto delito de captura y comercialización de especies protegidas en peligro de extinción.

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Por ello, el juez 12º de lo Penal, Paúl Ponce, les dictó la prisión preventiva.

Antes de la quema, autoridades de Pesca, del Ministerio Público y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) procedieron a la inspección y  pesaje en forma manual de los sacos, para lo cual se utilizó una báscula de la Cemento Nacional.