El Gobierno advirtió ayer sobre la posibilidad de un nuevo conflicto jurídico en caso de que vete parcialmente las reformas que, aprobadas por el Congreso, permiten la devolución total de los fondos de reserva a los afiliados al IESS.

El subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Roberto González, explicó que las reformas incluyen dos disposiciones generales que “violan manifiestamente la Constitución” y que esta es, precisamente, una de las aristas que analiza el Gobierno para adoptar una resolución final.

Según González, las disposiciones generales se contraponen al artículo 61 de la Constitución que garantiza “la vigencia de los fondos complementarios de Seguridad Social”. La interpretación del Ejecutivo es que “se deja de lado los derechos adquiridos de los trabajadores, de los jubilados, de ancianos y de los huérfanos que han sido beneficiados con esos fondos”.

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González advirtió que de optar por un veto parcial, el Gobierno incluirá en el texto sus observaciones sobre las inconstitucionalidades del proyecto para que de esa forma sea el Tribunal Constitucional (TC) el que dirima sobre la legalidad de la reforma legislativa.