Luego del golpe de Estado que destituyó a Lucio Gutiérrez se cuestiona el papel dirimente de última instancia de las Fuerzas Armadas en los conflictos políticos. Con asombrosa candidez, ciertos personajes que se supone deberían comprender los roles que desempeñan los diversos constituyentes del Estado han propuesto que la eliminación de un órgano de comando en las Fuerzas Armadas, sería la solución para su participación en política. Parecería que no comprenden que mientras exista el Estado, no importa el color, se requerirá una organización que defienda su vigencia, incluso por la fuerza si es necesario.

Cuando las condiciones políticas lo permitan, la sobreproducción y las necesidades no satisfechas se podrán solucionar mediante negociaciones (TLC), cuando no sea posible se recurrirá a la guerra de conquista (Iraq).

Pero la debilidad política, económica y militar del Estado ecuatoriano, hacen muy difícil que salgamos a conquistar con ventaja y de manera sostenida mercados de consumo para nuestros productos, o que garanticemos en términos convenientes la provisión de los bienes que necesitamos. La historia nos enseña que siempre salimos perdiendo en las negociaciones, aunque hayamos tenido un pequeño triunfo en el uso de la fuerza (Cenepa).

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Entonces, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas solo les queda una función que se convierte en principal; la defensa de la vigencia del Estado. Del que define la Constitución. De la manera que mandan la Constitución y las leyes. ¿Cómo pretenden, los ilusos, que las Fuerzas Armadas cumplan esta función sin deliberar, sin juzgar el momento político? Sin establecer quién y cómo se amenaza la estabilidad del Estado?, ¿sin poder deducir acciones para solucionar la situación?

El problema es que la decisión que han tomado históricamente, como no puede ser de otra manera, no necesariamente es a favor de los intereses de la mayoría de los ecuatorianos, sino tratando de garantizar la vigencia de la organización del Estado definido en la Constitución y las leyes.

Mientras los ecuatorianos no definamos un Estado democrático cuya función sea la garantía de los intereses de la mayoría y no de grupos de poder, las Fuerzas Armadas, como garantes de la vigencia del Estado, no podrán ser pueblo armado y cumplir la tarea de defender una organización social realmente democrática.

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Dr. César Guerrero Yrigoyen
Guayaquil