María Paula Romo, miembro de la organización Ruptura de los 25, es partidaria de apoyar el proceso del Comité Calificador de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y así terminar “con estas actitudes caníbales, esperando ver cómo boicoteamos los procesos". Así lo aseguró esta mañana.

Para Romo, este "es el momento para darle las facilidades del caso al trabajo del Comité" para que haga un trabajo de manera clara, oportuna y pública.

En diálogo con Teleamazonas, Romo indicó que para sostener la democracia en el país “es importante que tengamos la voluntad de reconstruir las instituciones, e impulsar que el Comité Calificador tenga la posibilidad de escoger una Corte de acuerdo a lo que los ciudadanos ecuatorianos hemos estado demandando”.

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Romo aclaró que la conformación del Comité Calificador para escoger a los magistrados de la CSJ “no está prescrita en las normas constitucionales”, pero subrayó que su designación responde a la necesidad “de volver al estado de derecho luego de un periodo de facto formado por el triunvirato entre el PRE, Prian y Sociedad Patriótica en el período de (Lucio) Gutiérrez”.

Sobre la posiblidad de que los ex magistrados de la Suprema de 1997 integren la lista de candidatos, Romo mencionó que en dicha dicha Corte habían “hombres valiosos”, pero reconoce que tuvieron injerencia política de varios partidos. “En ese tiempo se pudo obtener la grabación de una visita del ex presidente León Febres-Cordero al departamento en Quito del señor Galo Pico Mantilla, en donde aceptó haberse reunido con la mitad de la CSJ. Es la clara muestra de un grupo que se permitió la injerencia, y con estos antecedentes hay que diferenciar a los jueces de esa época”, pidió.

Sin embargo, con los jueces de la Corte de Guillermo Castro Dáger, se mostró completamente contraria. “Ellos tuvieron una participación de complicidad en un golpe de Estado de un poder hacia otro. Además, muchos fueron sancionados por los colegios de abogados, y eso les impediría ser parte del proceso”.

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Finalmente, recalcó la importancia de la particpación ciudadana en la selección de los nuevos magistrados. “Si conocemos la trayectoria de los postulantes, tenemos la responsabilidad de impugnar su candidatura si lo amerita. No podemos quedarnos callados”, subrayó.