Es necesario que de manera inmediata las autoridades del IESS y del Trabajo amplíen dicha información. El país no puede seguir manteniendo un sector económico que se presenta como formal cuando en realidad no lo es, puesto que no cumple sus obligaciones sociales y legales mínimas.

A las empresas que sí cumplen sus compromisos con el IESS –que existen, y en número considerable– eso les representa un costo significativo que las coloca en condiciones de enorme desventaja ante las otras.

Las empresas que no cumplen con el IESS, por ende, no solo estafan a los trabajadores y perjudican al Estado; además, se benefician de una competencia desleal.

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En el transcurso de la negociación del Tratado de Libre Comercio, al Ecuador se le ha exigido que revise drásticamente su política y su legislación laboral, para evitar lo que se llama el dumping social, que consiste en ahorrar costos sobreexplotando a trabajadores. Hay mucha exageración en ese pedido, sin duda, pero lo menos que debemos esperar es el cumplimiento de las normas legales vigentes.