Los no favorecidos reciben una carta con la notificación de la negativa de su pedido y la orden de expulsión para que salgan de inmediato de España.

Conforme avanza la revisión de las solicitudes presentadas en el proceso de regularización de indocumentados que concluyó el 7 de mayo pasado, junto al número de beneficiados crece la cifra de peticiones negadas que llegan a 50 mil.

Según la administración española, los expedientes de  50.000 mil personas no fueron aprobados, a quienes les han sido denegados sus permisos respectivos y representan el 10,84% de los 450.522 expedientes estudiados hasta el primer día de julio. El total de expedientes recogidos en el proceso de tres meses llegó a los 690 mil.

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A los extranjeros que se les negó el trámite se les envía a los domicilios una carta en la que se les comunica que su solicitud no fue aprobada junto con la respectiva orden de expulsión. La misma que obliga  de forma inmediata a abandonar el país.

Los indocumentados pese a la negativa prefieren vivir en la clandestinidad en territorio español antes que retornar a sus países.

El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, al presentar su informe no enfatizó en las cifras negativas, al contrario recalcó de la importancia de altas en la Seguridad Social que ya son 268.691 extranjeros legalizados que están aportando “para nuestra sociedad”.

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Inspección de Trabajo advirtió de las 234.000 visitas a realizarse a diferentes empresas en este año. El sector de la hostelería será el más frecuentado durante el período de verano.

Retorno voluntario
El Programa de Retorno Voluntario aparece como una alternativa para los inmigrantes que deberán regresar a sus países tras la negación de su solicitud para legalizarse.

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Los extranjeros indocumentados pueden obtener ayuda económica y la posibilidad de regresar legalmente a través de este programa que España tiene con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

Para acogerse al retorno voluntario los extranjeros deben presentar un informe social, de la Junta Municipal o del Ayuntamiento donde estén empadronados, que certifique que el solicitante carece de medios para financiarse el billete de avión. Además, tienen que rellenar un formulario y tener como mínimo seis meses de estadía en España.

Una vez complementada la documentación, esta pasa a una Comisión de Evaluación, que analizará la urgencia de cada caso (1 o 2 meses).

Cada caso aprobado supone la entrega de un pasaje de avión desde España al país de origen. Además de una ayuda de 450 euros ($ 544) por adulto y 200 euros ($ 242) por menor, hasta un máximo de 1.400 euros ($ 1.694) por familia.

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La ayuda se facilita en dos partes, la primera con un abono de 50 euros ($ 60) por persona para gastos e imprevistos de viaje y el resto se entrega en el punto de destino a través de la oficina de la OIM.