Fondos de reserva ponen en vilo vacancia legislativa

Sindicalistas y servidores públicos se reúnen  hoy con el Presidente, los frentes Político y Económico.

Si la objeción parcial que el Presidente de la República analiza para los cambios hechos a la Ley de Seguridad Social llega al Congreso este 22 de julio, el Presidente del Parlamento deberá decidir si convoca a los diputados a un periodo extraordinario de sesiones.

Sin embargo, hay otra opción que es esperar a que los legisladores  se reincorporen a sus actividades a partir del 16 de agosto próximo, luego de la vacancia que deben tomar a partir de este viernes.

Desde ayer, el Ministerio de Economía desplegó un equipo al Congreso que recogerá la información y posiciones de los partidos políticos frente al posible veto parcial.

El Gobierno quiere evitar el conflicto social que implicaría un veto total o parcial a la devolución total de los fondos de reserva de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aprobada por el Congreso la semana pasada.

Por ello, hoy se reúne con representantes de las centrales sindicales y de los servidores públicos, sectores que exigen la entrega inmediata de dichos recursos y anuncian protestas en caso de que el Ejecutivo la bloquee.

El objetivo del régimen es exponer, ante los dirigentes, los argumentos que lo han llevado a pensar en un veto a las reformas que tramitó el Legislativo. Entre ellos, las consecuencias negativas que, según su criterio, generaría para el IESS y para el Estado una devolución total.

En la reunión participarán, además del presidente de la República, Alfredo Palacio, los integrantes de los frentes Político y Económico.

El encuentro está pactado para las 17h00, en Carondelet, y según trascendió, en la cita el Ejecutivo insistirá en la postura que ha adoptado el ministro de Economía, Rafael Correa: con una devolución total (en un plazo de 90 días, según lo tramitó el Congreso), el IESS se descapitalizaría, el fisco perdería una fuente de financiamiento y la ejecución presupuestaria de este año se pondría en riesgo.

Los dirigentes sindicales van preparados para escuchar estas explicaciones, pero sobre todo para rechazar un posible veto. Así lo confirmaron, ayer, Mesías Tatamuez y Miguel García, representantes de los sindicatos y del sector público, respectivamente.

Entre tanto, el Gobierno continúa analizando las reformas legislativas; el texto redactado en su forma definitiva llegó ayer, al mediodía, a Carondelet, confirmó el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Roberto González.

Indicó que de ninguna manera la vacancia que se tomará el Congreso desde este viernes constituirá un obstáculo para el trámite del veto que seguramente impondrá el Ejecutivo a las reformas legales.

El Parlamento deberá en todo caso, comentó el funcionario, autoconvocarse si la respuesta del Ejecutivo es una objeción al proyecto aprobado. Y tendrá que hacerlo, recordó, antes de que venza el plazo constitucional respectivo, es decir, 30 días contados a partir de la fecha de recepción del documento.