El borrador del proyecto de Ley para crear una Comisión Eléctrica de Guayaquil, organismo público al que se traspasarán los bienes de las antes Emelec y Electroecuador, para luego trasladarlos a dos sociedades anónimas: una de distribución de energía y otra de generación, tiene detractores.

El plan fue elaborado por el Comité Especial que creó el Gobierno para decidir qué pasará con los activos de las eléctricas, pero genera críticas por parte de la Asociación de Ingenieros de Emelec, cuyos miembros analizaron el documento, el jueves pasado.

La primera objeción advierte que quienes diseñaron el proyecto son funcionarios del Estado, pues delegados de la Presidencia de la República, Procuraduría, el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), el Fondo de Solidaridad y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) integran el Comité Especial.

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Wilson Vergara, presidente de la Asociación, sostiene que el texto fue redactado por “funcionarios que desconocen de la real situación de la empresa. Se basan en reportes, informes a la distancia, pero no han trabajado aquí como para saber cómo son las cosas”.

En consenso con los ingenieros del sector, el gremio resolvió presentar a la Presidencia de la República un proyecto alternativo. Esto, dentro de dos semanas, estimó Vergara.

A su criterio, no es conveniente que -como consta en el proyecto de ley- la Comisión tenga solo a funcionarios estatales como miembros. Tampoco que se promueva la elaboración de las bases para seleccionar un operador nacional o extranjero, una vez que los activos se hayan transferido a las dos sociedades.

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En ese sentido los ingenieros sugerieron que el proceso de licitación se dé inmediatamente, en vista de que la empresa requiere inversiones.

Otro tema que preocupa es el laboral. De acuerdo al texto redactado por el Comité Especial, la Comisión Eléctrica se encargará de asumir las obligaciones legales o contractuales que actualmente tienen Emelec, Electroecuador y la Corporación para la Administración Eléctrica de Guayaquil (Categ), con sus trabajadores.

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Esta última usa los bienes de las eléctricas, que están en un fideicomiso local, para prestar el servicio energético a Guayaquil. Así, destaca el texto, la Comisión deberá “establecer las compensaciones o indemnizaciones para el personal que deba ser excluido de las nuevas empresas a fin de lograr su eficiencia”.

Para el efecto, explica el documento, el Ministerio de Economía asignará los recursos con sujeción a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Ello, a decir de los ingenieros, implica que “podamos pasar de empleados privados, a públicos”.

El sindicato de trabajadores de Emelec se reunirá el próximo martes para debatir este y otros temas en Guayaquil.