Recuerdo, desde niño, los reclamos continuos de Manabí por la desatención del Gobierno Central, cada uno a su turno, a las necesidades siempre crecientes de la población, especialmente en el sector vial, por lo que no sería exagerado si afirmo que Manabí nunca ha tenido buenas carreteras. Precisamente hace pocas semanas, invitado a dar una charla en una universidad de Portoviejo, pude constatar, al viajar en mi propio vehículo, el estado desastroso de la vía a Jipijapa y la diferencia notable entre los caminos de Manabí y de Guayas, exitosamente concesionados estos últimos, sin que tampoco eso signifique que la concesión es la panacea, pero suple la falta de fondos públicos y los engorros de una administración no siempre eficaz.

Manabí ha sido víctima por muchos años de la politiquería y de los cacicazgos, desde la época azarosa del velasquismo cuando cada cantón tenía su jefe subordinado al gran jefe provincial, sistema que mutiló ilusiones y esperanzas, al mismo tiempo que enriqueció a audaces iletrados que desplazaron a personas intelectualmente cultivadas que solo ocasionalmente pudieron llegar a los sitios de poder para orientar a la población, siempre orgullosa de sus raíces pero por desgracia fragmentada debido a las luchas parasitarias de clanes políticos sedientos de mando y de control.

Ante la realidad actual es justo señalar dos cosas: que el gobierno de Alfredo Palacio no tiene culpa de lo que ha venido ocurriendo por décadas, y que las municipalidades, con excepciones, no han sido un ejemplo de buena administración pública sino todo lo contrario, por lo que la desidia o la irresponsabilidad también viene desde dentro. Sin embargo, como el examen y la evaluación del pasado corresponden a quienes se encargan de escribir la historia, ahora lo que cabe es encontrar soluciones que permitan seguir adelante reparando los males seculares, pero no solo con los aportes gubernamentales sino con la cooperación conjunta de todos los municipios manabitas y de sus propios ciudadanos, a través de un compromiso cívico que exija a los funcionarios electos por el voto popular el cumplimiento de sus obligaciones y de sus ofertas de campaña, y al habitante en lo individual, denunciar los actos de corrupción que detienen o frenan el desarrollo.

Es necesario también puntualizar que el reclamo se ensombrece, pierde méritos, cuando las propias autoridades permiten que ciudadanos desadaptados realicen actos vandálicos mezclando los intereses de una causa noble de rebeldía ciudadana con comportamientos primitivos que expresan salvajismo y delincuencia, destruyendo propiedades públicas y privadas en desmedro de la propia colectividad a la que se pertenecen y a la que erradamente pretenden defender.

Manabí, la tercera provincia en población del país, merece, sin duda, mejor trato y mayor suerte.