El gobierno colombiano le restó importancia a las amenazas de legisladores estadounidenses de bloquear ayuda financiara a Colombia si no endurecen los acuerdos de paz con los jefes paramilitares.
  
El comité de apropiaciones del Senado de Estados Unidos en comunicado emitido el martes afirmó que el Congreso de ese país no permitirá que se destinen fondos para el proceso de desarme a menos de que haya ciertas garantías, en particular que los líderes paramilitares acusados de narcotráfico no queden inmunes frente a los pedidos de extradición de ese país.
  
Sólo una parte pequeña de la ayuda de 700 millones de dólares esta planificada para contribuir con el proceso de desmovilización el próximo año. Sin embargo, la posición de los legisladores refleja un amplio consenso en contra de la ley de justicia y paz impulsada por el presidente Alvaro Uribe, que busca desarmar a una de los grupos más brutales de la guerra de este país.
  
Juan David Angel, jefe del programa de desmovilización afirmó que los temores de los congresistas se aliviarán a medida que el proceso de paz se desarrolle.
    
"No veo problema en esas condiciones porque tenemos toda la intención de cumplirlas de todas maneras", dijo Angel.
  
Las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos y legisladores estadounidenses afirman que el acuerdo de paz es demasiado generoso con los jefes paramilitares acusados de múltiples atrocidades y de narcotráfico y no garantizan que desmantelen por completo sus aparatos criminales. El gobierno colombiano ha rechazado esta interpretación.
  
La posición de los legisladores estadounidenses busca presionar al gobierno de Uribe a solucionar estas preocupaciones antes de la aprobación de la ayuda final para Colombia a final de año, afirman observadores.
  
Otras condiciones del comité incluyen prueba de que los grupos ilegales no han violado los acuerdos de cese al fuego, que dicen la verdad en sus confesiones sobre crímenes y entregan los bienes que obtuvieron ilícitamente, como las tierras de campesinos que se desplazaron luego de la ejecución de masacres.
  
"Vivienda, comida, capacitación laboral y otros programas para los combatientes ilegales que se desmovilicen costaría unos 170 millones de dólares el próximo año y sin la ayuda financiera extranjera, al gobierno colombiano le quedaría difícil cubrir la totalidad", dijo Angel.