La salida del personal que entró bajo contratos a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se podría complicar pese a la vigencia del Decreto 12, que promulgó el actual régimen para dejar sin efecto esos nombramientos en el sector público.

Y es que la CAE tiene un pronunciamiento de la Procuraduría del Estado en el que se determina que la entidad no es parte de las instituciones del sector público. Es decir, la ejecución del Decreto no tendría respaldo legal.

“Si se aplica mal el Decreto 12 va a ocasionar que muchas personas que tienen más de dos años  presenten sus reclamos judiciales considerando el pronunciamiento del Procurador”, afirmó un funcionario de la institución.

Publicidad

El ex gerente de la CAE, coronel Juan Reinoso, dijo el viernes pasado que 306 personas ingresaron a la Aduana en los últimos dos años.

La Federación de Servidores Públicos del país exigió la salida del personal contratado. Miguel García, su presidente, dijo que la mayoría de esos trabajadores entró por parentescos o cuotas políticas, pero no por un concurso de merecimientos.

El asesor jurídico del directorio de la CAE, John Birket, sostuvo ayer que no fue “por mi hermano (William Birket, general retirado y actual director de Aviación Civil) que yo ingresé a la institución.
Fue por mis méritos”.

Publicidad

Esteban Ricaurte, funcionario saliente de la Subgerencia de la CAE e hijo del ex ministro de Defensa, Ramiro Ricaurte, indicó que llegó “por cuestiones personales” y no por influencia de su padre.