Autonomías, esenciales en la reforma política

Al parecer, la reforma política no tiene suerte. Primero, ha sido la muletilla de varios gobiernos. Y ahora, genera demasiadas expectativas.

“Es necesario poner freno a las expectativas”, advierte Luis Verdesoto, un investigador de los procesos políticos en América Latina, autor de más de una propuesta de reforma del Estado ecuatoriano y actualmente asesor de un proyecto de reforma política en Bolivia.

Y hace esa advertencia, porque “tanto las reformas de las instituciones como las modificaciones de los comportamientos de los ciudadanos no tienen resultados inmediatos, son procesos largos”, por lo que es necesario vivirlos con precaución y paciencia.

Para este analista que dialogó con EL UNIVERSO, se corre el riesgo de convertir el proceso de reforma en un ejercicio de dibujo libre, en el que todos ensayan fórmulas, pero nadie parte de un diagnóstico institucional detenido y unos objetivos precisos que se quieren alcanzar con los cambios.

Verdesoto señala cuatro grandes cambios de una posible reforma. El primero, la reforma de la administración territorial, las autonomías, que “transforman todo el conjunto del sistema político”, y pueden modificar profundamente la administración y la representación. “Las autonomías pueden constituirse en una nueva forma de repartición del poder”, afirma.

En ese terreno, Verdesoto encuentra que es necesario definir algunos aspectos gruesos: la existencia de una soberanía nacional que significa un acuerdo nacional para la transferencia de competencias a las regiones autonómicas, pero con la existencia de una representación o Congreso nacional muy bien constituido, al que lleguen los temas realmente nacionales, mientras las expectativas provinciales se definen en los espacios de gobierno y parlamento autonómicos; la existencia de un acto de confianza entre las regiones; el respeto a las jerarquías nacionales; la existencia de un nuevo estatuto de partidos que permita el fortalecimiento de partidos políticos nacionales y el surgimiento de partidos autonómicos; un ordenamiento económico que parta de que la riqueza tiene básicamente un carácter nacional y que se reparte con sentido de equidad  de acuerdo a las necesidades de cada región; desechando –afirma Verdesoto- la idea de que los recursos son propiedad de la región que los genera y que lo que se aplica, no es un reparto equitativo sino un criterio de  compensación de las regiones más ricas hacia las más pobres.

En síntesis, las autonomías significan un cambio profundo en la forma de gobierno, en la forma legislativa y en la gestión financiera y fiscal; lo que, según Verdesoto, podría requerir de una Constituyente, por la dimensión de la reforma.

En cuanto al segundo gran tema de la reforma: la representación política, Verdesoto habla de la necesidad de modificar el sistema electoral para “abrir oportunidades para todos y encontrar una cierta correlación entre las tendencias del electorado y el reparto de escaños legislativos”; igualmente, una modificación de las circunscripciones electorales que reflejen la heterogénea composición del país; y finalmente una reforma del financiamiento de la política, buscando, por lo menos, un procedimiento institucionalizado de acceso equitativo a los medios de comunicación, que representan el 60% del gasto electoral, y de subvenciones de acuerdo a los objetivos que se quieran alcanzar en cuanto al tipo de partidos.

Un tercer ámbito de reformas es el referido a la justicia y su necesaria independencia.  Finalmente, Luis Verdesoto destaca un cuarto ámbito: el económico.

Allí, considera que es necesario atender a una tendencia presente en toda América Latina de una transición desde la liberalidad económica a un concepto de economía mixta, en el que la planificación nacional sea un espacio de coordinación de planificaciones locales y el Estado vuelva a tener un rol en el impulso a la producción. En síntesis, una regulación que combine los ámbitos de la liberalidad económica con la intervención estatal.