Depuración por interés político en el Congreso

Mayoría legislativa protege a cuatro de sus legisladores, también acusados de tráfico de influencias.

La descalificación de los diputados, desde el 20 de abril pasado, ha respondido al interés de la nueva mayoría legislativa que busca su fortalecimiento al interior del Congreso y que está integrada por los socialcristianos, socialdemócratas, demócratas populares y Pachakutik.

Su acción en el Parlamento ha llevado a encubrir a cuatro de sus legisladores que están involucrados en denuncias de violación a la Constitución y al Código de Ética.

Por ejemplo, entre los acusados por tramitar partidas presupuestarias y de tráfico de influencias en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez están los legisladores  Marcelo De Mora (DP), Ernesto Pazmiño y Hugo Ruiz (ID) y Salvador Quishpe (PK). Sus procesos de juzgamiento se han postergado; así, solo en el caso de Quishpe, durante dos años. Todos actúan con la mayoría que ahora controla más de 51 votos en el Parlamento.

Hasta el momento son 16 los diputados que han sido descalificados mediante resolución y dictamen acusatorio, sin esperar el proceso de juzgamiento que implica al menos 60 días para la investigación y presentación de pruebas de cargo y descargo, tanto del acusador como del acusado.

El último caso que se dio fue el de Gilmar Gutiérrez, que fue descalificado sin esperar los resultados de la investigación, sino que se dio la calidad de prueba plena, el informe que presentó la Comisión del Control Cívico de la Corrupción (CCCC), sobre supuestas irregularidades en la entrega de implementos deportivos donados por la República Popular de China.

La depuración, hasta el momento, ha permitido a la ID, PSC y PK recuperar las curules que había perdido en los últimos dos años.

Pero en la lista de espera también se incluyen los casos de Édgar Ortiz (ex Prian), Luis Felipe Vizcaíno (ex ID), Rafael Dávila (MIRE), Vinicio Andrade (MIP) todos acusados de supuesto tráfico de influencias en el gobierno de Gutiérrez. Su descalificación depende de la decisión de la mayoría legislativa.

En las últimas semanas la posición de esos legisladores ha sido incondicional con el PSC, ID y PK, por lo que su juzgamiento sigue aplazándose. Por ejemplo, en el caso de Ortiz también existe un informe de la CCCC que lo vincula con indicios de enriquecimiento ilícito; sin embargo, la mayoría parlamentaria espera que se dé el plazo de 60 días de prueba; plazo que no se observó para Gilmar Gutiérrez.

El presidente del Comité de Excusas, Hugo Ruiz (ID), también está acusado de tráfico de influencias al ofrecer obras y recursos públicos en la provincia del Carchi, por el diputado Luis Felipe Vizcaíno. Pero el Comité que preside aún no abre un expediente de investigación en su contra.

Ruiz ordenó la investigación inmediata a su detractor Vizcaíno y entregó a través de sus colaboradores una carpeta con una denuncia suscrita por cinco concejales del Municipio de Tulcán, por tráfico de influencias y gestión de cargos públicos.

Otro caso de acusaciones mutuas es el de los diputados Marcelo De Mora (DP) y Ernesto Pazmiño (ID) que representan a la provincia de Bolívar. Ambos se acusan de haber gestionado cargos públicos, tráfico de influencias y tramitación de partidas presupuestarias.

Igualmente se han presentado denuncias en contra de los diputados: Augusto Guerrero (ex SP), Jorge Montero (CFP), Alejandro Cepeda (SP), Adolfo Bárcenas (AN/DP), Rafael Dávila (MIRE), Vinicio Andrade (MIP), acusados por organizaciones y gobiernos seccionales de tráfico de influencias, gestión de cargos públicos, incumplimientos a compromisos de las asambleas provinciales y tramitación de partidas presupuestarias. El trámite de esas denuncias también siguen pendientes.

El diputado socialista, Enrique Ayala Mora, reconoció el viernes pasado que en el Congreso no hay equidad para juzgar los casos contra los diputados. “La mayoría que actúa en el Congreso solamente juzga a quienes no son parte de esa mayoría, sino vea el caso de Quishpe que es más escandaloso que el de Gutiérrez”.