Multas de hasta 2.000 dólares deberán pagar los extranjeros que sean sorprendidos laborando ilegalmente en Ecuador o los ciudadanos de este país que empleen a migrantes ilegales, según una modificación a la Ley de Migración, señala el capitán Santiago Loza, jefe de la Policía de Migración de Huaquillas, provincia de El Oro.

La denominada Codificación de la Ley de Migración, publicada en el Registro Oficial 563 del 12 de abril del 2005, especifica en uno de sus artículos el incremento de los valores que por multas deben pagar quienes infrinjan el indicado cuerpo legal.

El art. 38 de esta codificación menciona que las multas van de 200 a 2.000 dólares para las personas “cuya acción u omisión quebrantara las obligaciones, deberes o responsabilidades que le imponen las normas legales y reglamentarias de extranjería y migración...”.

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Entre estas violaciones están inmersos los ciudadanos extranjeros que permanezcan ilegalmente en el país o se dediquen a trabajar como ilegales. La misma sanción es para los empleadores a foráneos.

Loza explicó que los valores de estas multas no se aplican actualmente porque falta reglamentar. Uno de los castigos que se aplican hoy en día es la deportación. En el caso de peruanos, solo en la provincia del Azuay se registró hasta mayo pasado un promedio de 60 deportados al mes.

La aplicación de multas preocupa a los familiares de peruanos que se emplean en el país. “Imagínese lo que sería para nosotros reunir 2.000 dólares para una multa. Es como si fuera a trabajar un año sin ahorrar”, manifestó Jessenia Córdova, familiar de un ciudadano de San Isidro (Perú) que migró a Ecuador.

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A inicios de junio, el incremento de las multas a los migrantes ilegales provocó quejas en la frontera con Colombia, especialmente en Tulcán.

En ese entonces, María Recalde Argüello, fiscal de Migración del Ministerio Público del Ecuador, dijo que aplicar estas multas es un tema muy complejo debido a que la situación económica de estas personas, en la mayoría de los casos, es precaria. La funcionaria explicó que antes de la norma, la sanción tenía un costo de 40 centavos de dólar.

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En la provincia del Carchi se presenta una situación similar a lo que sucede en la frontera con Perú. Miles de colombianos acceden por pasos clandestinos a laborar en plantaciones de papa, movidos por la necesidad y por el conflicto armado que soporta ese país.

La diferencia es que, por la cercanía, estas personas, hombres y mujeres, permanecen máximo un mes y vuelven a sus sitios de origen.