El ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Arboleda, acusó este viernes a las demás administraciones de esta entidad de no cobrar las deudas que mantiene el ex banquero Fernando Aspiazu con el Estado, luego de que el Banco del Progreso cerrara.

Arboleda, en declaraciones para Teleamazonas, señaló que la estrategia que se pretendía utilizar es que el Estado no contara con un abogado defensor cuando se iniciaran los juicios a Aspiazu. Por ello, el ex funcionario señaló que él era el responsable de que por primera vez el poder central le haya ganado un juicio al banquero.

Pese a que se le ha iniciado un juicio, Arboleda dijo que no contratará un abogado para su defensa, luego de que no cuenta con los fondos para costear los servicios de un profesional del derecho.

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El juez 2º de lo Penal del Guayas, Luis Santana, ordenó el martes la prisión preventiva y la prohibición de salida del país para Carlos Arboleda y otras seis personas imputadas por peculado.

Según el proceso iniciado por la fiscal Gladys Murillo, y basado en una investigación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, hubo irregularidades en la contratación de Jorge Arturo Sotomayor Unda, como abogado externo de la AGD. El contrato de este profesional costó 3’266.634 dólares.

Durante la investigación, la fiscal Murillo obtuvo como respuesta del capitán Jaime Suárez Herrera, administrador temporal de los bancos compactados de la Costa, que la contratación de Sotomayor Unda “se debió a la imperiosa necesidad de recuperar los valores que los ex administradores de los bancos en saneamiento dilapidaron, entre los que consta el juicio 103-2002 seguido por la AGD contra Fernando Aspiazu, en el 5º Tribunal Penal del Guayas, por una cuantía de 980 millones de dólares”.

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Un comité integrado por Carlos Arboleda, Jaime Suárez Herrera, y Lincoln Mora (procurador judicial de la AGD), designó a Unda Sotomayor, el 17 de septiembre del 2004.