La seguridad como cuarto eje de la agenda gubernamental, conjuntamente con la salud, la educación y la producción, se ha convertido en un leitmotiv, coincidente con la Declaración del Nuevo Milenio de las Naciones Unidas, a la cual se hizo referencia, pero también con la Declaración de Seguridad de las Américas y en ese conjunto se proyecta hacia la generación de un bien público internacional.

En la trilogía: “ciudadanos saludables, educados y productivos”, al mismo tiempo que marca a la salud como meta de las instituciones y órganos gubernamentales, sintetiza la reducción de la mortalidad: infantil, materna y la derivada de enfermedades pandémicas promulgadas como objetivos de la ONU en su Asamblea General de septiembre del 2000.

Al requerir de ciudadanos educados, asume cumplir el objetivo de una educación primaria universal, mientras que con relación al ambiente, complementa su planteamiento con la atención que se debe dar a los derechos humanos de tercera generación; es decir, a aquellos que se relacionan con los derechos humanos colectivos, que sin estar todavía legislados, se encuentran orientados hacia los bienes comunes transfronterizos, basados en la solidaridad, para hacer de la paz y la cooperación entre naciones verdaderos pactos internacionales en beneficio de la dignidad, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

En la Declaración de Seguridad de las Américas, asimismo, los 34 países de la OEA reconocieron en México en el 2003 que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio, son de naturaleza diversa e incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales y que requieren respuestas por parte de distintas organizaciones nacionales, asociaciones entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil; todos actuando de conformidad a los principios democráticos y normas constitucionales de cada Estado.

La dignidad y el derecho al desarrollo personal y comunitario, por consiguiente, siendo parte de una agenda presidencial y de las organizaciones internacionales, están renunciando a ser únicamente la descripción de una situación en la que los ciudadanos disfrutan de sus derechos y libertades; y de esta manera se está abandonando la actitud, aunque respetuosa, contemplativa de la situación, mientras se logren las condiciones ideales para lograr una mejor calidad de vida que en nuestros países parece nunca llegar.

La actitud gobernante nacional e internacional en la actualidad se está haciendo más pro activa, es decir, se está tratando de pasar de la descripción situacional a la acción colectiva responsable.

Así vemos que la seguridad se contextualiza en todas estas agendas para la protección a la integridad física y para la garantía de los derechos y libertades de las personas en un ambiente de orden y estabilidad que favorezca el desarrollo personal y comunitario. Aspecto que no fue desconocido por la Declaración del Milenio. En ella más bien se comprometieron los países a adoptar medidas contra el terrorismo internacional, a redoblar esfuerzos en la lucha contra el problema mundial de la droga y a intensificar la lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones.

En este proceso democrático de transformación de la demanda social en propuesta y en acción del Estado como una respuesta al contrato social, en que se fundamenta la determinación de una política pública, el Ecuador ha acelerado el paso para forjar un horizonte para el bien público internacional basado en los derechos de tercera generación, que motive una mancomunidad de acción colectiva y cooperativa en beneficio común de sus pueblos.