La venta ilegal de información digital impresa sobre un disco provoca perjuicios tanto al usuario final como a las empresas productoras de programas, afirmó Marcos Espinoza, presidente del Colegio de Ingenieros en Informática y Sistemas de Computación del Guayas.

La industria del software local facturó $ 62 millones el año pasado, mientras que las pérdidas por piratería de programas, discos y libros ascendieron a $ 100 millones, “valor que para el Estado es una pérdida significativa en evasión de impuestos”, agregó Espinoza. Además, si se promueve la compra de productos ilegales, se provoca una reducción en la creación de puestos de trabajo, pues el aumento de comerciantes informales no  significa un aumento de empleo para el país, agregó.

Localmente, esta industria (incluyendo a productores nacionales y distribuidores de productos extranjeros) emplea a 7.221 personas entre plazas fijas, temporales o indirectas, según el estudio de la industria de software realizado por la Asociación Ecuatoriana de Software, presentado este mes. Sin embargo, cada vez que se incrementa la tasa de piratería, esta cifra baja.

Publicidad

En el país, los controles de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual se realizan en las grandes empresas, comentó Mario Larrea, apoderado en el Ecuador de la institución internacional BSA, alianza de empresas de software, por sus siglas en inglés. Para ello, se comparan las ventas de los distribuidores y el inventario existente entre las empresas.

La BSA en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) inducen a las compañías a legalizar sus inventarios informáticos a través de comunicados; finalmente, en el 95% de los casos, el empresario se ve obligado a regularizar su software, a través de mecanismos como las licencias para múltiples usuarios, que abaratan los costos, aseguró Larrea. En el caso de los clientes individuales, es imposible controlarlos puesto que no se tienen los recursos humanos ni económicos, dijo Espinoza.

La ausencia de fuentes de financiamiento y de políticas definidas para la protección de la propiedad intelectual, seguido de la falta de medidas de protección contra la piratería, se sitúan entre los principales inconvenientes que enfrenta esta industria, según el referido estudio.