La  reducción de los magistrados  de la Corte Suprema de Justicia que propone el Gobierno nacional no se sustenta en datos estadísticos,  pues por el contrario, si se toma en cuenta los miles de juicios que se encuentran represados y en atención de que el volumen de causas debe aumentar con la implementación de la unidad jurisdiccional  que se encuentra pendiente,  lo sensato sería,  como mínimo, mantener el número de magistrados; pues las salas de casación tendrán que resolver todas aquellas causas que se sustancian en las Cortes Militares y de Policía.

Para ser coherente con la aspiración popular de modernizar  y descentralizar el Estado, debería pensarse en distribuir los magistrados en tres distritos territoriales para que funcionen salas especializadas en lo Penal, Civil y Social, en Quito, Guayaquil y Cuenca, para lo cual no se requeriría reformar la Constitución de la República del Ecuador,  pues lo que determina el art. 200 de la Carta Magna, es que el pleno de la Corte Suprema tendrá su sede en Quito, con lo cual también se atendería el principio de inmediación que no se cumple con la actual centralización.

Con el actual sistema los abogados provincianos nos encontramos en total desventaja frente a los capitalinos;  muchas veces tenemos que cederles nuestros clientes o dirigir a control remoto la etapa más importante del proceso, que es la de casación, con lo cual también se atenta al principio de igualdad que consagra la Constitución. En Guayaquil  estamos huérfanos de una voz  que haga escuchar este tipo de reivindicaciones.

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Dr. Víctor Hugo Castillo Villalonga
Guayaquil