Las instituciones del sistema financiero no depositan los fondos de reserva de sus empleados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sino que cada entidad administra esos recursos.

Las instituciones se amparan en el artículo 210 de la Ley General del Sistema Financiero, que establece que la Superintendencia de Bancos (SB) y las entidades bajo su control pueden administrar directamente el fondo de reserva de sus funcionarios.

En la práctica, cada institución financiera acuerda con los empleados el manejo de los recursos.

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Una fuente del sistema financiero reveló que, en algunos casos, los bancos entregan a los trabajadores un proporcional cada mes, o conforman, de mutuo acuerdo, una cuenta de ahorros.

La fuente reveló que entre los empleados hay conformidad con este esquema, porque conocen exactamente cuánto tienen acumulado, y pueden retirar su dinero cuando decidan.

Los 700 empleados de la SB también reciben de manera periódica un proporcional de los fondos.

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En el 2001, la Ley de Seguridad Social estableció que en un régimen mixto de pensiones, el sistema financiero entregue los fondos de reserva al IESS para transferirlos a las administradoras privadas.

Sin embargo, el sector sigue administrando dichos recursos porque aún no se aplica el régimen mixto, y el IESS no ha aprobado el reglamento de la Ley.

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En el 2004, la Dirección General del IESS presentó una consulta a la Procuraduría para establecer si el sistema financiero debía depositar los fondos en el Seguro Social. La autoridad concluyó que las entidades deben acatar la Ley General del Sistema Financiero.

El informe de mayoría para la entrega de los fondos de reserva, que el Congreso discutirá en esta semana, propone un esquema similar al del sistema financiero.

MANEJO

RESOLUCIÓN
En el 2002, una resolución de la Junta Bancaria ratificó lo que establece la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero sobre el manejo de los fondos de reserva del sector bancario.

POSICIÓN
El IESS ha cuestionado la administración de los fondos por parte de las entidades financieras, porque se estaría incumpliendo la Ley de Seguridad Social.

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