La posibilidad de crear la Comisión Eléctrica de Guayaquil, ente público al que se traspasarán los bienes de las antes Emelec y Electroecuador, para luego trasladarlos a dos sociedades anónimas: una de distribución de energía y otra de generación, vuelve a ser analizada a nivel estatal.

El Comité Especial formado por delegados de la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), el Fondo de Solidaridad y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), para decidir qué pasará con los activos de las eléctricas, estudió la creación de este organismo y lo remitió al Primer Mandatario, dijo una fuente cercana al grupo.

La Comisión Eléctrica fue constituida durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, el 9 de octubre del 2003, y luego derogada por él, como consta en el Registro Oficial del 31 de diciembre del 2004.

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Su creación se enmarcaba dentro de los procesos que impulsa el fideicomiso local, dueño de los activos de las eléctricas desde julio del 2003, pues la idea es que este organismo, a nombre del Estado, obtenga la concesión de las eléctricas, para que luego estas operen como Distriguayaquil (distribuidora) y Electroguayaquil (generadora).

La nueva propuesta implica que la Comisión Eléctrica de Guayaquil sea creada a través de una Ley Orgánica (vía Congreso) y según el borrador del proyecto al que accedió este Diario, al organismo le corresponderá “zanjar y liquidar” las relaciones económicas derivadas de la operación y de la terminación de la operación del servicio de distribución y de generación que prestaban Emelec y Electroecuador.

“De igual forma actuará frente a las relaciones económicas fruto de la prestación del servicio eléctrico llevado a cabo por las administraciones temporales”, señala.

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Al igual que la vez anterior, cuando fue conformada, se destaca que la Comisión no asumirá las obligaciones y pasivos de Emelec y Electroecuador, tampoco las de sus accionistas, administradores, representantes, apoderados, ni de los fideicomisos constituidos en Ecuador o el exterior vinculados a las empresas.

Entre las recomendaciones, el borrador señala que por ser un ente público, aunque con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, sus miembros deben ser funcionarios estatales.

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En el Decreto del 2003 estaba integrada en su mayoría por representantes del sector privado. El proyecto contempla que la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ), que usa los activos para dar el servicio eléctrico a la ciudad, antes de su disolución y liquidación transferirá los bienes a la Comisión Eléctrica, para lo cual el Ministerio de Economía asignará recursos.

En esto se requerirá un tratamiento de ley orgánica y económica urgente. La gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, sostuvo ayer que el informe del Comité  ya fue entregado al presidente Alfredo Palacio, pero no reveló si la creación de la Comisión estaba en ese documento, pues indicó que podría cometer prevaricato.
“Nos hemos comprometido a mantener prudencia hasta que el Presidente lo revise. Nuestro trabajo está prácticamente concluido”, dijo.