Rebaja de penas a 91 reos disminuye tensión en las cárceles del país

El director de la cárcel # 1 en Quito, Carlos Borja, informó este lunes que la protesta de los internos bajó de tono al saber que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social rebajó las penas a 91 detenidos.

De acuerdo a un reporte de TC Televisión, la situación de 91 internos fue analizado por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que les concedió la rebaja de penas.

Los 91 beneficiados son sentenciados a ocho, diez y doce años por posesión y tráfico de droga. Ahora están a punto de salir en libertad. De ellos, 56 son ecuatorianos, 27 colombianos, dos argentinos, dos estadounidenses, un holandés, un checo, un mexicano y un italiano.

Este hecho se da un día antes de que el Congreso discuta una reforma a la ley de penas presionado por la rebelión de cerca de 10.000 presos, que este lunes cumplen una semana exigiendo una rebaja en las condenas, para lo cual han apelado a medidas extremas como la crucifixión colectiva.

Los reclusos, que apaciguaron sus acciones el fin de semana, retomaron este lunes las medidas de presión impidiendo el ingreso de los funcionarios en seis de las 18 cárceles que participan en el movimiento.

"No hemos dejado ingresar al personal administrativo y mantendremos la medida hasta que el Congreso acoja nuestras demandas. La guardia ha perdido el control interno de estas seis prisiones", dijo este lunes a la AFP Washington Grueso, portavoz de los internos.

Grueso aseguró que otros tres penales se sumaron a la protesta, y agregó que se radicaliza especialmente en las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, donde estaban previstas nuevas crucifixiones, un recurso al que apelaron temporalmente 13 presos la semana pasada.

"El 95% de la población carcelaria se ha vinculado a la protesta, hablamos de casi 11.000 internos", agregó, y reiteró que algunos detenidos están dispuestos a mutilarse para llamar la atención de los legisladores.

Grueso dijo también que los prisioneros se mantendrán en vigilia a la espera de la votación en el Parlamento, destino de una marcha programada para el martes por familiares de los reos y estudiantes de derecho.

El Parlamento discutirá en segundo y último debate una reforma a la ley de penas, en la cual los reclusos exigen una norma que acorte las condenas a la mitad por buen comportamiento.

Los detenidos también exigen revivir un artículo según el cual nadie puede estar detenido más de un año sin condena -derogado por el Legislativo- soluciones al hacinamiento, cambios administrativos y planes de rehabilitación.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, llamó este lunes al Congreso a acelerar el trámite de la enmienda, que estimó necesaria, y sostuvo que la crisis carcelaria es producto de "confusiones legales".