Grupos de civiles que patrullan la frontera entre México y EE.UU. en Arizona para detectar inmigrantes ilegales y que se autodenominan vigilantes pacíficos dirigen ahora sus acciones hacia un nuevo foco rojo: el desierto en los alrededores de San Diego.

“Queremos que el gobierno se haga cargo, queremos presionarlos para que hagan su trabajo”, dijo James Chase, un ex marine que lidera un grupo que planea patrullar en la zona cercana a San Diego en julio.

En lo que va del año, la Patrulla Fronteriza en la zona desértica donde los grupos están actuando, detuvieron a cerca de 24.000 personas que intentaban ingresar ilegalmente.

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“Es terreno difícil, montañas, desierto, cerros y grietas y sin agua”, dijo Michael Bermúdez, portavoz de la Patrulla Fronteriza de San Diego.

“Apreciamos la asistencia de ciudadanos preocupados, pero no están entrenados y equipados para eso y tenemos serias preocupaciones sobre su seguridad”, agregó.

Mientras, en Washington, la vida de unos 10 millones de inmigrantes indocumentados podría empeorar en caso de que los estados y el gobierno federal aprueben nuevas leyes para endurecer medidas en su contra.

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En varios estados, los legisladores han propuesto, y en algunos casos aprobado, leyes para prohibir atención médica, seguridad social y otros servicios públicos.