Determinar aquello es indispensable por el principio de rendición de cuentas en la gestión pública, que obliga a instituciones y funcionarios del Estado a responder por sus actos.

Lo que ocurrió con el puente peatonal sobre el estero Salado se debió, a todas luces, a negligencia en el mantenimiento de la obra y, siendo así, alguien debería responder por lo que sucedió.

Si esta nueva irresponsabilidad queda sin castigo –como suele suceder cuando se trata de instituciones estatales– estaremos confirmando que en el país hay funcionarios intocables que no están obligados a responder cuando causan daño a los bienes o las personas.

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Cierto es que esa conducta no es nueva. Todavía no conocemos, por ejemplo, a  los responsables del gravísimo deterioro del puente a desnivel en La Puntilla. Pero la costumbre no convierte al vicio en virtud, por lo que habrá que seguir insistiendo hasta que se identifique y sancione a los culpables de negligencias de este tipo.