El Municipio exige informe a Interagua

En sesión de Concejo, el jueves anterior, se acordó solicitar a la empresa que tome medidas correctivas que den una rápida solución al problema con el agua. Hasta ayer eran 39 casos de hepatitis.

Cerca de trescientos moradores, representantes de la Confederación Unitaria Barrial del Ecuador y padres de familia de los niños afectados por la hepatitis A en el suburbio, Cisne 2 y Trinitaria, acudieron ayer a la plaza Vicente Rocafuerte desde las 09h00 para encaminarse en una marcha hasta la Gobernación.

Una delegación de siete personas fue atendida por el jefe político, Carlos Coello.

Ellos entregaron un oficio, exigieron que se sancione a Interagua y pidieron la destitución del jefe del Área 5 de Salud, Hugo Hidalgo, porque –dijeron– no ha respondido a la emergencia.

Los manifestantes insistieron en que se declare la emergencia sanitaria en la zona.
Frente a estos reclamos de los moradores, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Municipio iniciaron investigaciones para definir responsabilidades y acciones correctivas.

El Cabildo resolvió en la sesión de Concejo, del pasado jueves, analizar la situación que afecta a este sector que tiene como proveedor de agua a Interagua e investigar a los responsables y sancionarlos.

Solicitarán también a la concesionaria que tome las medidas preventivas y correctivas que permitan una rápida solución al problema de salud.

El concejal Leonidas Plaza Verduga (PRE) dijo que comparecerá este lunes ante la agente fiscal de la Brigada de delitos Misceláneos, Rita García, para pedir la investigación en este caso.

Patricia Castro, adjunta segunda de la Defensoría del Pueblo, abrió un expediente de investigación el 20 de junio pasado ante las quejas de los moradores de Plan Piloto.

El defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, convocó a una audiencia pública a los representantes de Interagua y Ecapag el próximo 30 de junio, a las 10h30.
Anunció, además, que este lunes se realizarán inspecciones en la zona afectada acompañados por peritos de la Escuela Politécnica.

El ministro Fiscal del Guayas y Galápagos, Walter Tomsich, pidió el pasado jueves inciar la indagación previa.

El funcionario, en un comunicado, indicó que en caso de detectar negligencia en el suministro de agua potable se castigará con multa o con prisión de seis meses a cinco años a los responsables.

La pena está basada en el Código Penal en el capítulo diez, sobre los delitos contra la salud pública, y dice que será sancionado “el que vendiere o pusiere en venta bebidas, sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden alterar la salud o causar la muerte; por imprudencia, o por negligencia, o por impericia en la profesión, o por inobservancia de reglamentos u ordenanzas”.

Los casos de hepatitis llegaron ayer a 39, según el subsecretario provincial de Salud, Federico Cedeño.