Luego de recorrer la frontera norte, 6 ONG afirman que la fumigación de coca en Colombia afecta a la zona.

Una comisión de representantes de seis ONG que recorrió la frontera norte concluyó que en esta zona soldados colombianos ingresan a territorio ecuatoriano para evadir zonas ocupadas por grupos armados en su país.

Según el informe, el Ejército colombiano para poder llegar a los poblados de San Juan y Tallambí, fronterizos con El Chical y Maldonado, en Ecuador, tienen como única alternativa de acceso la vía ecuatoriana. Por el lado colombiano no hay una que los traslade a esos poblados.

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La utilización de la carretera ecuatoriana “es un pacto que tienen los uniformados de Ecuador y Colombia para permitir que ingresen vituallas y refuerzos a los militares colombianos”, dijo Lina Cahuasquí, delegada de la Comisión Interinstitucional.

También se denuncia que a causa de las fumigaciones de coca en Colombia, en el lado ecuatoriano de la frontera norte han aumentado los abortos y malformaciones congénitas.

Lina Cahuasquí, integrante de la Comisión Internacional e Interinstitucional que a inicios de semana recorrió las poblaciones del noroccidente de Carchi, denunció que el Ejército regular colombiano utiliza vías ecuatorianas para abastecer a sus tropas asentadas en el suroccidente colombiano (Nariño).

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Cahuasquí expresó que en el recorrido que hizo junto a seis miembros más de la Comisión Interinstitucional, entre el lunes y martes pasados por las poblaciones fronterizas de El Chical y Maldonado, los moradores les denunciaron que los militares colombianos llegan a esos sectores para abastecerse de vituallas y pertrechos para su armamento” por la carretera Tulcán-Tufiño-Maldonado.

El Ejército colombiano para poder llegar a los poblados de San Juan y Tallambí, fronterizos con El Chical y Maldonado, en Ecuador, tienen como única alternativa de acceso la vía ecuatoriana. Por el lado colombiano no hay una  que los lleve a estas comunidades.

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La utilización de la carretera ecuatoriana “es un pacto que tienen los uniformados de Ecuador y Colombia para permitir que ingresen vituallas y refuerzos a los militares colombianos”, expresó la delegada de la Comisión Interinstitucional, que se reunió la mañana del miércoles con el prefecto de Carchi, René Yandún, a quien denunciaron los problemas de invasión de soberanía y los efectos que causan las fumigaciones colombianas a zonas ecuatorianas fronterizas.

Según la delegación, el lunes que llegaron a Maldonado escucharon disparos de los enfrentamientos que tenían el Ejército de Colombia con un grupo armado.

Cahuasquí aclaró que los combates ocurrieron en el poblado colombiano de San Juan, donde se estima hay 100 uniformados colombianos enfrentándose constantemente a los insurgentes, del Frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que siempre controlaban la zona.

Según la delegación interinstitucional, les preocupa que el Ejército colombiano utilice las carreteras ecuatorianas para abastecer a sus hombres en esta zona, porque ponen en riesgo a la población civil de Ecuador.

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“Llegará el momento en que los insurgentes exigirán a la población civil y al Ejército ecuatoriano no permitan el ingreso de abastecimiento a los uniformados colombianos, y allí se creará el problema”, advirtió Cahusquí, quien se presentó como jefa de la delegación interinstitucional.

Fumigaciones
En Quito, estas organizaciones ayer tuvieron una cita con el vicecanciller Marcelo Fernández de Córdova y cuestionaron los efectos que producen en Ecuador las fumigaciones a las plantaciones de coca en Colombia.

La Comisión determinó que en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas no solo los cultivos lícitos han sido afectados, sino que los habitantes presentan problemas respiratorios y estomacales, manchas blancas en la piel, los niveles de aborto han crecido, los pobladores atribuyen doce muertes a los efectos del herbicida empleado por el gobierno colombiano.

Además las comunidades indígenas de los Awá (Esmeraldas) enfrentan la militarización de su territorio.

La delegación la integran Diana Murcia, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH); Elsa Nivia, de la Red de Acción contra los Plaguicidas (Rapal); Jesús Garza, de la Food First Information and Acción Network, y Arturo Campaña del Centro de Estudios y Asesoría y Salud.