Emisión de boletas por menos de $ 4, medida que ya fracasó en 2004, se analiza como salida a escasez de gas.

Tras la visita que efectuó a Guayaquil, a inicios de esta semana, y la infructuosa tarea de un grupo de diez inspectores, el ministro de Energía, Iván Rodríguez, estudia una medida poco popular como salida al desabastecimiento de gas de uso doméstico en esta ciudad: la obligatoria facturación de la venta del producto, sin importar el monto despachado.

La intención es modificar, en menos de cinco meses, el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención para obligar a los distribuidores de gas a facturar montos inferiores a 4 dólares; por este tipo de transacciones se emitirían notas de ventas, tiquetes o cualquier otro comprobante.

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Aunque no es una decisión que se ha planteado oficialmente, dijo  el director (e) de Hidrocarburos, Guillermo Granja, se analiza la posibilidad de sugerir su aplicación al Presidente Alfredo Palacio.

La vigencia de dicha norma  impediría que el gas de uso doméstico se desvíe a los sectores industrial, hotelero, agrícola y florícola, al calentamiento de piscinas y a taxis.

La disposición puede ayudar doblemente, según el Servicio de Rentas Internas (SRI): en el control del transporte, al verificarse las guías de remisión (permisos para cargar el combustible); y en el control de la distribución, pues quien no facture cometería un delito tributario que implica sanciones, decomisos y multas.

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En noviembre del 2004, el SRI quiso poner en vigencia la disposición en el sector –exento hasta el momento de la norma que obliga a facturar montos inferiores a 4 dólares– y no lo consiguió debido a la resistencia de algunos distribuidores. La norma, que obligaba al consumidor a presentar su cédula de identidad para la adquisición del gas, estuvo vigente solo hasta enero de este año y, finalmente, las reformas al Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención quedaron sin efecto.

La Asociación de Distribuidores de Gas asegura que entre 65% y 70% del gas de uso doméstico se dirige a las zonas industriales y comerciales, el 5% a los hogares y la diferencia al contrabando.