El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, pidió una exhaustiva investigación para conocer si los aparatos de intercepción telefónica que la Policía tenía en las bodegas de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) funcionaron alguna vez y si sirvieron para realizar espionaje.

La investigación sobre los “aparatos que han empezado a aparecer en pequeño número”, dijo Gándara, tiene como objetivo determinar responsables si los hubiera, a fin de sancionarlos e impedir que produzcan situaciones similares.

Esta semana tomó fuerza la polémica sobre un supuesto espionaje telefónico por parte de la Policía, pues se demostró la existencia de equipos para intercepción celular en manos de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Pero a decir del coronel Edmundo Mera, jefe de la Unase, estos nunca funcionaron. 

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El aparecimiento de los equipos sorprendió, pues en el Congreso el general José Vinueza, jefe de la Policía, había indicado que no tenía conocimiento sobre dichos equipos. Acerca del tema, el vocero de la Policía, capitán Juan Zapata, aclaró que el comandante de la institución se limitó a responder las preguntas de los diputados, en las cuales se le consultaba si conocía de la adquisición de equipos en el “régimen anterior”. Él a su vez consultó a sus unidades y estas le respondieron que no.  En todo caso, pidió el vocero que se cierre esta página para que la Policía continúe trabajando y se pueda concentrar en sus tareas contra la delincuencia.

 “A quien perseguimos es a los delincuentes y no a los periodistas”, expresó.  Este último comentario, a propósito de la denuncia del diputado Carlos González sobre la intervención de teléfonos de dos periodistas. La polémica sobre un supuesto espionaje policial se inició en febrero anterior, cuando el coronel (r) Patricio Acosta denunció un supuesto intento de plagio.

En últimas declaraciones a la Corte Policial, el ex agente de investigaciones  Stalin Sacoto indicó que efectivamente coordinó las operaciones de seguimiento, que incluyeron compra de información, pero por orden superior.

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Como prueba de ello, la defensa de Sacoto mostró una autorización de pago de dicha compra de información por  150 dólares en la cual aparece la firma del propio general Carlos Calahorrano.

PROCESO

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PAGO DE INTELIGENCIA
El defensor de Stalin Sacoto, Ángel Portilla, dijo que solicitará a un juez de lo Civil que el general Carlos Calahorrano reconozca su firma en un documento que prueba que él autorizó el pago de 150 dólares a fin de cancelar un trabajo de inteligencia hecho por Sacoto, al coronel (r) Patricio Acosta.

CAJA FUERTE
Portilla explicó que el documento original, que fue impugnado por Calahorrano, está custodiado en una caja fuerte del Banco Internacional.

ARCHIVO
Sacoto acudió al Regimiento Quito a responder sobre la supuesta existencia de un archivo paralelo que tenía en sus manos con documentos importantes de la Policía.