El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, decidió no firmar un convenio de inmunidad para los civiles y militares estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), chocando con Washington, que considera clave a Quito en la lucha antidrogas.
Palacio hizo el anuncio al referirse la noche del martes a la postura estadounidense de condicionar la ayuda militar antinarcóticos a que Ecuador suscriba el acuerdo, que congresistas y organizaciones privadas consideran lesivo para la soberanía y los derechos humanos.
La asistencia fue de unos 70 millones de dólares anuales en los últimos tres años y, según la Casa Blanca, el pacto es fundamental para mantenerla y buscar su incremento.
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"Estados Unidos está en el derecho de hacer sus planteamientos legales y los vamos a respetar. Pero Ecuador tiene también el derecho a exhibir su fundamento legal y a ser respetado", advirtió Palacio en una entrevista televisiva.
Añadió que es "una cuestión de soberanía y juridicidad" y que no teme a la reacción de Washington, al tiempo que subrayó que "respetará" el Tratado de Roma que dio origen a la CPI y los demás acuerdos firmados por Ecuador.
"Absolutamente nadie me va a meter miedo. Ni el gobierno, ni Alfredo Palacio, ni el pueblo ecuatoriano deben temer", afirmó el gobernante, quien sucedió al depuesto presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) el pasado 20 de abril, y a quien analistas atribuyen una tendencia de izquierda.
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La saliente embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney, reiteró no obstante la necesidad de que Quito firme el pacto que exima a los estadounidenses de ser juzgados ante la CPI, tal como la han hecho 90 países, entre ellos siete latinoamericanos.
Kenney aseguró a periodistas que delegados de las dos cancillerías negocian desde hace tres años la suscripción del denominado artículo 98, referente a la inmunidad ante la CPI, pero el canciller ecuatoriano, Antonio Parra, sostuvo que no existe un pedido formal de Washington al respecto.
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Al recordar que la CPI juzga crímenes contra la humanidad, Parra manifestó que "son delitos difíciles de cometer salvo que esté prevista una invasión a Ecuador".
En ese sentido, recordó que los militares que operan en Manta tienen inmunidad diplomática, y anotó que Quito respetará el Tratado de Roma como lo ha hecho con el que autoriza el control de la base militar por parte de Estados Unidos hasta 2009.