El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, decidió no  firmar un convenio de inmunidad para los civiles y militares estadounidenses  ante la Corte Penal Internacional (CPI), chocando con Washington, que considera  clave a Quito en la lucha antidrogas.

Palacio hizo el anuncio al referirse la noche del martes a la postura  estadounidense de condicionar la ayuda militar antinarcóticos a que Ecuador  suscriba el acuerdo, que congresistas y organizaciones privadas consideran  lesivo para la soberanía y los derechos humanos.

La asistencia fue de unos 70 millones de dólares anuales en los  últimos tres años y, según la Casa Blanca, el pacto es fundamental para  mantenerla y buscar su incremento.

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"Estados Unidos está en el derecho de hacer sus planteamientos legales y  los vamos a respetar. Pero Ecuador tiene también el derecho a exhibir su  fundamento legal y a ser respetado", advirtió Palacio en una entrevista  televisiva.

Añadió que es "una cuestión de soberanía y juridicidad" y que no teme a la  reacción de Washington, al tiempo que subrayó que "respetará" el Tratado de  Roma que dio origen a la CPI y los demás acuerdos firmados por Ecuador.

"Absolutamente nadie me va a meter miedo. Ni el gobierno, ni Alfredo  Palacio, ni el pueblo ecuatoriano deben temer", afirmó el gobernante, quien  sucedió al depuesto presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) el pasado 20 de  abril, y a quien analistas atribuyen una tendencia de izquierda.

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La saliente embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney,  reiteró no obstante la necesidad de que Quito firme el pacto que exima a los  estadounidenses de ser juzgados ante la CPI, tal como la han hecho 90 países,  entre ellos siete latinoamericanos.

Kenney aseguró a periodistas que delegados de las dos cancillerías negocian  desde hace tres años la suscripción del denominado artículo 98, referente a la  inmunidad ante la CPI, pero el canciller ecuatoriano, Antonio Parra, sostuvo  que no existe un pedido formal de Washington al respecto.

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Al recordar que la CPI juzga crímenes contra la humanidad, Parra manifestó  que "son delitos difíciles de cometer salvo que esté prevista una invasión a  Ecuador".

En ese sentido, recordó que los militares que operan en Manta tienen  inmunidad diplomática, y anotó que Quito respetará el Tratado de Roma como lo  ha hecho con el que autoriza el control de la base militar por parte de Estados  Unidos hasta 2009.