El presidente del Congreso Nacional, Wilfrido Lucero (ID), fijó un plazo de ocho días para que la ciudadanía presente candidaturas para integrar la terna para designar al Contralor General del Estado.

Para presentar un candidato se deberán observar los requisitos establecidos en el artículo 213 de la Constitución: ser ecuatoriano por nacimiento, hallarse en ejercicio de los derechos políticos, tener título profesional universitario y haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra universitaria por un lapso de quince años. 

Las carpetas de los aspirantes a la Contraloría se receptarán en la secretaría general del Parlamento hasta las 12h00 del día 27 de junio. Luego, los nombres pasarán a conocimiento de los diputados, quienes deberán escoger con 67 votos a favor tres candidatos que integrarán la terna que se presentará al Ejecutivo, para que el Presidente de la República elija al nuevo Contralor.

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El cargo de Contralor sigue vacante desde el 31 de enero del 2003, y el Congreso ha realizado tres intentos por integrar la terna, pero no han existido los votos suficientes para hacerlo; por lo que la Contraloría ha permanecido encargada a Genaro Peña, como subrogante.

Otro de los temas que espera evacuar el Congreso antes de salir a la vacancia legislativa de un mes, prevista para la segunda semana de julio, es nombrar al Defensor del Pueblo, cuyo designación viene postergándose desde hace cinco años.

Para ello existen al menos seis candidatos que han sido presentados por algunas instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, medio ambiente, centrales sindicales, gremios laborales e instituciones indígenas. En la secretaría del Parlamento se han presentado las nominaciones de Claudio Mueckay, Carlos Morales, Rafael Estévez, Patricio Pazmiño, Raúl Moscoso y Luis Urquilés.

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En esta semana, además, se cumple el plazo para que la comisión de lo Civil y Penal presente el informe para primer debate respecto a la reforma Judicial, donde se pretende cambiar el sistema de juzgamiento para los ciudadanos que gozan de fuero de Corte Suprema de Justicia.