Según registros de la Policía de Migración del Azuay, este año más de 300 peruanos fueron deportados, con un promedio de unos 60 por mes.

El domingo 12 de junio, 30 peruanos fueron detenidos en Paute por policías de Migración cuando intentaban cobrar cheques en un banco por el pago de servicios prestados en plantaciones de flores, según el intendente de Policía del Azuay, Juan Romero.

La autoridad juzgó a quince de ellos y fueron deportados el martes 14, por la noche; la otra mitad de detenidos justificó su estadía con la tarjeta andina, que les autoriza permanecer por 60 días. Sin embargo, aseguraron que no les permiten quedarse más de 20 días.

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“No pudimos ir al cuarto y traer la ropa ni cobrar el cheque de la quincena”, dijo uno de los detenidos, antes de ser deportado, mientras permanecía en la celda del Centro de Detención Provisional.

Los demás manifestaron que en Perú no hay fuentes de trabajo y el cambio de moneda, de soles a dólares, convierte a Ecuador en una oportunidad para superar la pobreza que aqueja a sus familias.

“Allá pagan entre 7 y 12 soles el jornal, que equivalen a 2  o 3 dólares por día”, dijo Martín, procedente de San Ignacio, distrito de Guarán, en el norte de Perú, en donde, como otros oriundos de ese país, dejó a su esposa e hijos.

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Según Romero, desde que asumió el cargo hace mes y medio, 100 peruanos fueron deportados por permisos caducados o por laborar con ellos, situación que se regula solo con un carné ocupacional entregado por el Ministerio de Trabajo y Cancillería, explicó.

El jefe de la Policía de Migración del Azuay, William Benítez, dice que hay un plan con policías vestidos de civil para controlar a los extranjeros que trabajan sin visado en esta provincia.

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“La masiva inmigración desde Perú afecta a comerciantes, artesanos y obreros locales porque sus productos y mano de obra son más baratos”, dice el oficial, por eso hay denuncias a diario, dijo.

Al ser detenidos y tras ser juzgados por el Intendente, policías de Migración los llevan en buses privados a la frontera.

Los deportados deben pagar su pasaje y cuando no tienen dinero, los transportistas ayudan sin cobrar, dijo Benítez. En ese tiempo los detenidos pasan sin alimentos porque no hay presupuesto para su manutención, justificó el oficial.