Desde ayer está en vigencia Ley que reprime la pornografía infantil

Las reformas al Código Penal que tipifican los delitos de explotación sexual de los menos de edad, la trata de personas y tráfico ilegal de órganos, se encuentran en vigencia desde ayer.

El proyecto fue aprobado por el Congreso el pasado 1 de junio y el Ejecutivo no realizó ninguna observación, por lo que el documento pasó al Registro Oficial para su promulgación.

La ley tipifica como delito de explotación sexual a la pornografía infantil y la castiga con seis a nueve años de reclusión menor ordinaria a quien produjere, publicare o comercializare imágenes pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, u organizare espectáculos en vivo, en que participen mayores de 14 años y menos de 18.

Cuando en esas infracciones la víctima sea un menor de 12 años, discapacitado o persona que adolece enfermedad incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años, al pago de indemnizaciones y comiso de los objetos y bienes producto del delito.

Cuando el infractor de esos delitos sea el padre, la madre, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (abuelos, tíos, hermanos, primos) y segundo de afinidad (suegros, yernos o nueras y cuñados), serán sancionados con la pena de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria, al pago de indemnización y comiso de los objetos producto del delito.

Esta pena también afecta a los tutores, los representantes legales, curadores o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, así como a los ministros de culto, los maestros y profesores que hayan abusado de la víctima.

También se sanciona a quien organice, ofrezca o promueva actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual.

Ellos serán sancionados con reclusión de seis a nueve años y multa de 10.000 a 15.000 dólares.

Asimismo, se sancionará con prisión de seis meses a dos años a quien solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar.

Tráfico de órganos
El tráfico ilegal de órganos se reprime con prisión de tres a cinco años a todo quien en forma dolosa extraiga, trafique, transplante, venda o compre órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos de cadáveres humanos.

La condena será de reclusión menor extraordinaria de tres a ocho años si estos órganos provienen de personas vivas.

La pena se incrementa de 12 a 16 años si los órganos pertenecen a personas menores de 18 años.

En cambio, si debido a la extracción de órganos se produce la muerte de la persona, se aplicará la pena de reclusión mayor especial de 16 a 25 años.