Ecuador se comprometió hoy ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a continuar con sus esfuerzos para agilizar el procedimiento para la importación de determinados productos, que se ve perjudicada por excesivos controles y una complicada burocracia.

El viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Cristian Espinosa, aseguró hoy que la OMC ha elogiado el esfuerzo de apertura y transparencia comercial llevado a cabo por el país andino durante los últimos años. "La valoración ha sido muy positiva" y, ante las preguntas formuladas por la OMC, únicamente "hemos detallado las medidas que ya estamos tomando, por lo que únicamente tenemos que continuar con lo que ya se hace", explicó.

En su ejercicio habitual de revisar las políticas comerciales de sus 148 estados miembros, la OMC llamó la atención sobre la necesidad de que Ecuador redujera aún más las barreras que mantiene al comercio, para reforzar así su capacidad de reacción ante imprevistos económicos.

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Aunque el organismo reconoció los "firmes pasos dados en la liberalización, estabilidad y transparencia económicas", también detectó que persistían algunos obstáculos al comercio, como barreras no arancelarias, procedimientos aduaneros excesivamente largos o fijación de precios de referencia para determinados bienes.

La OMC cree que la mejora de esos aspectos permitiría a Ecuador mantener un crecimiento económico sostenido y aumentar su capacidad de respuesta ante imprevistos externos, puesto que, con la dolarización de su economía, carece de una política monetaria propia.

Al respecto, Ecuador se ha comprometido a agilizar los trámites necesarios para la importación de determinados productos, según Espinosa, quien explicó que en ocasiones el retraso se debe a la duplicidad de competencias entre varios organismos.

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"En algunos casos, para importar un misma mercancía es necesario que dos organismos diferentes concedan las respectivas autorizaciones o licencias, por lo que los procesos se alargan innecesariamente", apuntó.

Además, para la importación de determinados productos, especialmente los agrícolas, existen excesivos controles que, para Espinosa, "no se establecieron para obstaculizar su entrada, sino para garantizar estándares de salud y calidad", así como para "evitar casos de corrupción".

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Respecto a la observación de la OMC de que hay aranceles sobre demasiados productos, Espinosa reconoció que en su día se pudieron establecer por un excesivo "interés recaudatorio" y por "una política comercial mal dirigida".

Sin embargo, aseguró que el país ya está aplicando las medidas necesarias para reducir el número de productos gravados y las cargas arancelarias.

Según el responsable político, ese tipo de "trabas" al comercio con el exterior -especialmente sobre cereales, lácteos y otros productos elaborados- "se dan en otros países" del entorno y "no son propias solo de Ecuador".

En cualquier caso, Espinosa insistió en la importancia de que la OMC haya expresado su apoyo a la política comercial que Quito lleva aplicando desde que el 21 de enero de 1996 se incorporara al organismo internacional.

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"La OMC ha valorado la estabilidad y transparencia económica que estamos logrando, a pesar de los cambios políticos, algo de lo que nosotros estamos muy satisfechos y que beneficia enormemente al país", señaló el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador.

La OMC también recomendó al país latinoamericano que complete "con urgencia" la reforma de su sistema fiscal, especialmente en lo relacionado con subvenciones y exenciones fiscales.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el organismo internacional recuerda que dos compañías estatales, que mantenían monopolios regionales hasta 2001, aún copan el mercado, con una cuota de mercado conjunta del 94 por ciento en la telefonía fija.

Aunque los intentos por privatizar esas compañías no se han llegado a materializar, el sector privado sí ha aumentado progresivamente sus inversiones.

No obstante, la OMC cree que son necesarias más reformas en este sector, para aumentar la competencia y eliminar las subvenciones cruzadas, algo que ya está previsto en su legislación.