La Corte Suprema argentina declaró ayer que son inconstitucionales dos leyes sancionadas en la década de 1980 que beneficiaron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.

Los miembros de la Corte resolvieron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en 1986 interrumpieron los procesos judiciales contra militares acusados de desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.