El actual gobernador del Azuay, Paúl Sánchez, recibió una indemnización por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  cuando fue cancelado como subdirector regional de la entidad, hecho que, de acuerdo a la ley, le impide ejercer como funcionario público.

El hecho fue resaltado en un informe de la Procuraduría General del Estado.

Según un reporte de Ecuavisa, Sánchez demandó a la institución el 19 de mayo de 1997. Después de ganar el juicio, recibió un cheque por la cantidad de 30 millones de sucres, en mayo de 1999.

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El cobro de esa indemnización constituye un impedimento para que siga como autoridad, según el artículo 15 de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en lo referente a las prohibiciones de reingreso al sector público.
 
El artículo expresa textualmente “ Salvo el caso de renuncia voluntaria, no podrán reingresar a laborar en ninguna entidad u organismo de estatal, quienes hubieren sido indemnizados por efectos de la cesación de funciones, por la supresión de su puesto de trabajo, por la compra de su renuncia o cualquier otra modalidad. Los indemnizados por la supresión de su puesto de trabajo podrán reingresar al sector público si devolvieren el valor de su indemnización; si la recibieron antes de la dolarización aquella será calculada al tipo de cambio que estuvo vigente a la fecha de la misma".

Por su parte, Sánchez defendió su puesto, alegando que la ley le permite ocuparlo. “Si fuera un cargo de carrera estaría en lo correcto, pero cuando es un cargo de confianza como el ser gobernador , no hay ningún problema”, aseguró.

Esta es la segunda denuncia que se presenta en menos de dos meses al funcionario, ya que se le acusó de mantener juicios pendientes por mora con varias entidades, según informes de Contraloría.