Las veedurías ciudadanas que supervigilan el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) dudaron de la transparencia en que se efectuaron las reuniones de Guayaquil y Guaranda, donde se eligió a Marco Tulio Cordero y a José Espinel Jaramillo, como integrantes del comité que escogerá a los nuevos magistrados supremos.

Ambos candidatos, representantes de un grupo de los organismos de derechos humanos y de los Tribunales de Honor de los colegios de abogados, según las veedurías, fueron electos sin convocarlos a participar del evento, pese a que la ley lo ordena.

La disposición general tercera, de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, determina que en la elección de los miembros del comité se permitirá, sin restricción, el acceso a representantes de la ciudadanía, veedurías y medios de comunicación.

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No obstante, sostuvo la vicepresidenta de la fundación María Guare de Guayaquil, Beatriz Borde, los dirigentes de ambos colegios electorales se han negado a proporcionar información para verificar la transparencia del acto.

Esto, según Borde, pone en duda la transparencia de la cita.
A más de esas observaciones, José Valencia, de Participación Ciudadana (PC), afirmó que Cordero no cumple con los requisitos de ley; es decir, 15 años de ejercicio profesional, pues los últimos 25 años ejerció misiones diplomáticas.

Este es el informe que proporcionaron 47 organizaciones que conforman las veedurías, que se instalaron ayer para redactar su informe final, que será entregado a la sociedad civil, al Congreso y a los miembros del Comité de Calificación, Bolívar Torres y Carlos Estarellas. Ellos se instalarán el próximo lunes para dirimir el conflicto de los colegios mencionados.