El Gobierno de Estados Unidos respetará el derecho a expresarse que tiene el depuesto gobernante ecuatoriano Lucio Gutiérrez, quien ha emprendido desde territorio estadounidense una campaña de denuncias contra su sucesor, Alfredo Palacio.

La Embajada de Estados Unidos en Quito no admitió el pedido de la Cancillería ecuatoriana que buscaba evitar que Gutiérrez haga declaraciones políticas en ese país, indicó al diario "Expreso" el portavoz de la embajada de EEUU en Quito, Glen Warren.

"La Embajada de Estados Unidos no tiene nada que comentar sobre el pedido de la Cancillería ecuatoriana. Pero en el caso del coronel Lucio Gutiérrez, él como cualquier otra persona puede hacer las declaraciones que crea convenientes en territorio estadounidense", subrayó Warren.

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El portavoz remarcó que las políticas de su Gobierno "no contemplan restricciones a las expresiones de ningún ciudadano. Las leyes son muy claras en cuanto a esta situación", añadió.

Gutiérrez acusó a Palacio, que era su vicepresidente, de "conspirador" y "golpista", y además denunció que mantiene deudas con un banco privado del país, por lo cual incumpliría las normas de transparencia para ocupar cargos públicos.

Gutiérrez, que ha pedido adelantar las elecciones en su país, fue destituido el pasado 20 de abril por el Congreso, que le censuró por un supuesto "abandono del cargo", en medio de multitudinarias protestas sociales que exigían "que se vayan todos" los políticos del poder, con él a la cabeza.

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La Cancillería ecuatoriana no ha emitido, aún, un comentario sobre lo expresado por la Embajada de EEUU, aunque el rotativo informó que se constituirá una comisión especial para hacer frente a las declaraciones de Gutiérrez.

El Gobierno ecuatoriano ha rechazado "los infundios" emitidos por Gutiérrez y los ha calificado como declaraciones que "buscan herir el honor nacional".

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"El Presidente, como ciudadano común, no tiene obligaciones de dinero ni de otra índole" con el banco al que se refiere la acusación de Gutiérrez, señaló la Presidencia en un comunicado, tras admitir que deudas antiguas de Palacio con esa entidad "están extinguidas hace ya varios años".

La polémica desatada por las declaraciones de Gutiérrez ha causado reacciones de empresarios y especialistas, que advierten la posibilidad de que el ex gobernante esté siendo apoyado por poseedores de bonos de la deuda externa ecuatoriana, a quienes habría favorecido durante su Gobierno (enero 2003 - abril 2005).

Según el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peñaherrera Sohlá, las últimas declaraciones de Gutiérrez podrían formar parte de una "conspiración" contra el Gobierno de Palacio, auspiciada por el grupo financiero Barclays Capital.

Según Peñaherrera, Gutiérrez eligió a ese grupo, con asiento en EEUU, para que administre un fondo petrolero, nutrido con recursos adicionales generados por las exportaciones de crudo, para recomprar bonos de la deuda externa.

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El empresario indicó que el grupo Barclays Capital no sólo es el depositario de los recursos del fondo petrolero, sino que además era el principal agente comercial de bonos de la deuda externa del país durante la administración de Gutiérrez.

El Gobierno de Palacio ha presentado un proyecto para que los recursos del fondo petrolero, en lugar de ser destinados en su mayoría (el 70 por ciento) a la recompra de bonos de la deuda, como lo estableció Gutiérrez, financien proyectos sociales y de desarrollo productivo.