Una polémica se desató ayer tras la denuncia del diputado Carlos González (ID) sobre un supuesto espionaje telefónico desde la Fiscalía a los periodistas de Teleamazonas, Milton Pérez y María Teresa Zabala.

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) rechazó el hecho: “Este trabajo, judicial y policial, se llama espionaje telefónico, lo cual es penado y sancionado por la ley, por más autoridad que lo haya pedido”, indicó el presidente del gremio, Héctor Espín.

Entre tanto, fuentes de la Fiscalía aseguraron que lo actuado es legal, pues se ampara en el artículo 155 del Código Penal que dice: “El juez puede autorizar por escrito al fiscal para que intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable, para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido”. En este caso, se trataba de localizar al ex ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, quien a mediados de mayo tenía orden de captura.

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El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, dispuso a la Policía la suspensión inmediata de las operaciones.
Mientras, el secretario general de la Administración, Luis Herrería, dijo que pedirá explicaciones a la Policía sobre este tema “asqueroso”.

De otro lado, no está claro qué sucedió con unos supuestos equipos de espionaje, que González asegura fueron adquiridos por el gobierno anterior. El diputado exhibió un convenio de cooperación interinstitucional entre la Policía y Petroecuador para adquirir equipos de vigilancia y ubicación de telefonía celular por un monto de $ 406.481.
Además mostró documentos en los cuales se informaba a Mario Canessa y a Patricio Acosta, ministro de Gobierno y secretario de la Administración en ese entonces, sobre los procesos para la adquisición del equipo.

Sobre el tema, el comandante de la Policía, José Vinueza, dijo que el convenio fracasó pues un informe de Contraloría determinó que Petroecuador no podía gastar ese dinero en los equipos.