Dos de los organismos que deben designar representantes para la comisión que eligirá nuevos jueces se han dividido, y se acusa a algunos de sus nominados de tener vinculaciones partidistas. Un tercer organismo se niega a nominar a su delegado.

Corremos el riesgo, si todo continúa así, de enfrentar un nuevo fracaso en el objetivo de contar con una función judicial independiente.

La crisis política de los últimos años ha girado, en gran medida, en torno a la encarnizada lucha de ciertos partidos políticos por apoderarse o recuperar el control de la función judicial. Si el país no tiene Corte Suprema, Tribunal Constitucional, ni Contralor, se debe en parte a la crisis del sistema nacional de Justicia.

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No cabe entonces un nuevo fracaso. Los ciudadanos honestos deben reaccionar y exigir a las instituciones y organismos involucrados un cambio radical, dejando de lado interferencias partidistas e intereses particulares, y contribuyendo a corregir una falencia que demasiado le ha costado al Ecuador.