El canciller de Bolivia, Juan Ignacio Siles, dijo ayer en Estados Unidos que no hay ninguna razón para que la OEA intervenga como mediadora en la crisis política y social que afecta a su país.

La mediación de la Iglesia Católica en la crisis que atraviesa Bolivia, bloqueada por las protestas y sumida en una grave polarización por la falta de una solución política, fue recibida ayer con beneplácito en el empobrecido país andino.

Tras aceptar la mediación, los obispos  católicos se reunieron con la cúpula del Congreso en la ciudad de Santa Cruz, informó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Jesús Juárez.

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La única condición de la Iglesia es “apostar todos al bien común de Bolivia con generosidad y desprendimiento; deponer toda actitud de violencia e intransigencia y ceder en la radicalidad de las demandas”.

Sin embargo, pese a que los sectores de oposición aceptaron la mediación, ninguno suspendió las medidas de presión.

El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, que había llamado al cardenal Julio Terrazas a poner sus buenos oficios, anunció que continúan las movilizaciones, pues “tienen un claro propósito: recuperar los hidrocarburos, la nacionalización de hecho y la Asamblea Constituyente”.

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Estas peticiones son la bandera de los sindicatos y organizaciones sociales que se manifiestan desde hace dos semanas en la ciudad de La Paz y la localidad aledaña de El Alto y que mantienen bloqueados más de 50 puntos en las carreteras del país.

En el lado opuesto están los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, que el viernes rechazaron el decreto del presidente Carlos Mesa, para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente y votar en un referendo sobre autonomías el próximo 16 de octubre y ratificaron una convocatoria de hecho para realizar el referendo el 12 de agosto venidero.

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La Paz seguía ayer aislada del resto del país y sentía la escasez de combustibles, pues la planta que la abastece está sitiada por los indígenas, que cavaron fosos a su alrededor.

Además los paceños se lanzaron a los mercados para llenar las despensas de sus hogares de productos que probablemente faltarán en las tiendas en las próximas horas.
Es la mayor crisis desde octubre del 2003, cuando una revuelta popular provocó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dejando unos 56 muertos.