El presidente del Congreso, Wilfrido Lucero (ID), afirma que la rapidez en descalificar a los once primeros diputados del Parlamento no se debió a un revanchismo político, sino a que el proceso ya se había iniciado internamente en los partidos de esos legisladores. “Fueron expulsados de sus respectivos partidos y ellos  les hicieron un juicio para la expulsión que fueron conocidos por el Congreso meses atrás, lo que pasa es que no podíamos tomar una resolución, porque la mayoría estaba del otro lado y ellos los protegían”, aseguró.

En el caso de los roldosistas Marco Proaño Maya y Freddy Cruz, y de Édgar Ortiz (Prian), asegura que “tienen una situación diferente”. “Puede ser que hayan cometido iguales o peores faltas que los que ya han salido, la diferencia está en que no han sido expulsados de sus partidos”.

Pero también aclaró que para aplicar las sanciones que impone el Código de Ética, “hay que saber medir las circunstancias en que se producen los hechos”.
Como ejemplo, explicó el caso en que Alfonso Harb (PSC) sacó un arma en el pleno el 16 de noviembre pasado. “Estábamos en la indefensión total, se nos dijo que los aposentos legislativos habían sido tomados por más de 5.000 indios, entonces, un colaborador le pasó un arma para defenderse. En esas circunstancia si a mí me daban un garrote, yo también lo cojo”, dijo.

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Sobre los peleas entre los diputados, Lucero dijo que se está tratando de corregir algunos errores, pues en los cincos meses anteriores los diputados no tenían suficiente seguridad, la que ya se está incrementando para aminorar esos vergonzosos hechos.