La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) anunció hoy que pedirá a la Fiscalía de Ecuador que ordene la captura del ex presidente Lucio Gutiérrez para ser investigado por casos de violencia política presuntamente cometidos durante su mandato.
 
El secretario general de la Aldhu, el chileno Juan de Dios Parra, recordó hoy en una rueda de prensa que en enero pasado denunció ante la Fiscalía 75 casos de violencia política ocurridos durante la administración de Gutiérrez, quien fue destituido en abril pasado y hoy está asilado en Brasil.
 
"En algunos de estos casos, la Fiscalía ha avanzado en las indagaciones, sin embargo, a la fecha no existe ningún responsable detenido, a pesar de que en varios de estos casos, éstos están plenamente individualizados", dijo Parra.
 
Por ello, anunció que la Aldhu, con sede en Quito, presentará a la Fiscalía una "petición expresa de orden de captura con fines de investigación" en contra de Gutiérrez y otros ex funcionarios.
 
El pasado 20 de abril, en medio de crecientes protestas populares, Gutiérrez fue destituido por el Parlamento que adujo "abandono del cargo", pese a que aún se encontraba en funciones en el Palacio Presidencial de Carondelet.
 
El Parlamento designó a Alfredo Palacio, hasta entonces vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, como sucesor de Gutiérrez.
 
La Aldhu dijo que la Fiscalía también investiga a los responsables de la represión durante las protestas de abril pasado, en las que murieron dos personas y decenas sufrieron heridas leves.
 
La Asociación informó, además, que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos toda la información acerca de "la responsabilidad de Lucio Gutiérrez en los actos de violencia política y represión que motivaron las acciones judiciales en su contra".
 
"Exigimos el fin de la impunidad, la agilización de las investigaciones y la detención de los responsables de la represión", señaló Parra, al tiempo de pedir "la reparación efectiva del daño sufrido por las víctimas, cuestión que sólo requiere de la voluntad política del Gobierno y que inexplicablemente aún no se implementa".